Durante el año pasado, la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México realizó 19 auditorías, de las cuales, 13 fueron administrativas y seis financieras.
El 69% se aplicaron a las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas; 11 por ciento al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 5 por ciento a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios; 5 por ciento a la Dirección General de Comunicación Social; 5% al Instituto de Estudios Legislativos y 5% a la Unidad de Información del Poder Legislativo.
Derivado de ellas, propició el resguardo de celulares asignados a los servidores públicos del Poder Legislativo, durante la veda electoral del mes de junio del dos mil diecisiete.
Además, emitió comentarios y sugerencias a fin de que en todos los procesos de adquisición, prestación de servicios, arrendamientos, enajenaciones y obra pública que se realicen en el Poder Legislativo, se respete la normatividad contenida en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.
Entre las observaciones destacan: que algunos documentos no presentaban una secuencia cronológica en las fechas de elaboración, recepción y entrega de suministros, conforme al número progresivo, no se proporcionan los comprobantes digitales de nómina a los servidores públicos adscritos al Poder Legislativo.
También encontró que algunos bienes no cuentan con la etiqueta con el número de inventario y bienes sin reguardo o con resguardo desactualizado y otros reguardados en el almacén ubicado en Melero y Piña, no se encuentran debidamente clasificados.
