Toluca, México.- Lo que estamos solicitando es la libertad y la absolución de los defensores del agua de San Pedro Tlanixco en Tenango del Valle, no queremos perdón, amnistía ni indulto porque ellos no son culpables de nada. Están presos por un proceso injusto que ya se reconoció con la apelación que se ganó ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el pasado lunes, aseguró Yolanda Álvarez, esposa de Lorenzo Sánchez Berriózabal.
Indicó que acudirán a las instancias necesarias para que hacer valer el hecho de que el Tribunal no encontró pruebas suficientes para sostener la sentencia de 50 años de prisión a ninguno de los seis comuneros presos y un nuevo proceso retardará más su estancia en privación de la libertad a la que tienen derecho como cualquier persona inocente.
Yolanda Álvarez recordó que hubo muchas irregularidades durante todo el proceso y cuestionó: “si para llega a la sentencia de 50 años pasaron 15 años, pues los detuvieron en 2003, cuánto más se van a tardar en aceptar que no hay pruebas en contra de ninguno de ellos para dejarlos en libertad, para abosolverlos? Es decir uno o dos años de un nuevo proceso,no es justo”, aseveró.
Ante esto, afirmó que hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta de qué murió Alejandro Isaac, pues encontraron su cadáver en el fondo de la barranca, a un costado de la vereda que ocupaban los comuneros indígenas para llegar al pueblo, pero fue uno de sus familiares quien sin pruebas ni testigos, señaló a los hoy presos de linchamiento.
Pero cualquiera sabe que por lo dificultoso del terreno no es posible transitar por ahí con piedras, palos u otras cosas en las manos, ya que se necesitan varillas para poder agarrarse y no caer al vacío. Eso lo sabemos todos los que vivimos por aquí, por eso no se sostiene la acusación de homicidio calificado con todas las agravantes.Recordó que el occiso y sus familiares eran los únicos a favor de la privatización del arroyo para beneficiar a empresas productoras de flor, pero para los indígenas lo más importante es tener su bosque y el agua para ser felices, pues de ahí tienen para comer y alimentar a sus familias.
Dijo estar de acuerdo en que Lorenzo, junto con Dominga González Martínez, Marco Antonio y Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal y Rómulo Arias Mireles hayan sido considerados como presos políticos por el gobierno federal, pues están en la cárcel por la defensa de sus derechos como parte de un pueblo indígena consciente del legado que deben a sus hijos, el agua, el bosque y sus recursos.
Subrayó que el caso se hizo político cuando organizaciones civiles y hasta los medios de comunicación -que en un momento los tacharon hasta de terroristas- empezaron a reconocerlos como defensores del agua de la comunidad, defensores de la vida y de las futuras generaciones, lo cual ocurrió tres años después de los hechos, pues al principio estaban temerosos por las amenazas contra su seguridad y libertad, así como por las presiones para que convencieran a sus familiares a declararse culpables.
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Finalmente, Yolanda Álvarez se dijo satisfecha de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) se haya pronunciado para recomendar al poder Judicial mexiquense la reposición del proceso de forma pronta, expedita, justa y con absoluto respeto a los derechos humanos de los acusados.