En el Estado de México se han contabilizado 62 agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, de septiembre de 2023 a octubre de 2024, informó Jesús George Zamora, titular de la Consejería Jurídica de la entidad.
Explicó que las agresiones se han dado en 31 municipios y del total de estos actos, 35 han sido dirigidas a periodistas y 27 a defensores.
En este periodo de tiempo se otorgaron 28 medidas preventivas que consistieron en 18 acompañamientos físicos por personal de la Unidad de Recepción de Casos de Atención Rápida en favor de 10 personas defensoras de derechos humanos y 8 periodistas, de los cuales 9 son mujeres y 9 hombres, detalló el servidor público.
Adicionalmente, manifestó, se activaron 74 medidas urgentes de prevención a fin de garantizar la seguridad y la integridad física de 23 personas afectadas, personas que integran 6 colectivos y 43 personas físicas.
Recordó que desde la puesta en operación del Mecanismo en 2021 hasta septiembre de 2023, se contabilizaron un total de 14 personas beneficiarias, y durante la actual administración de gobierno se agregaron 36, ampliando la protección a 50 usuarios. Actualmente la entidad tiene 260 medidas, agregó Jesús George.
Riesgos
De acuerdo con el titular de la Consejería Jurídica, los principales riesgos a los que se enfrentan los activistas y comunicadores son: el crimen organizado, impunidad y corrupción.
Estos datos se comunicaron durante la firma del convenio de Coordinación Interinstitucional entre la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el Mecanismo de los Derechos Humanos del Estado de México.
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En la Sala de Consejo Universitario, 'Lic. Benito Juárez García" del edificio de Rectoría, el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz; Luis Miguel Garrido Téllez, Coordinador Ejecutivo del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México y Jesús George Zamora, titular de la Consejería Jurídica de la entidad, signaron este documento.
Su objetivo, principalmente, es promover acciones en defensa de la libertad de expresión, fortalecer y garantizar un entorno seguro para todas y todos los periodistas y activistas, además de desarrollar estrategias y acciones que les permitan ejercer de forma segura, libre e independiente su labor, mencionaron las personas que participaron en la firma de este compromiso.