De los 45 presos políticos que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en libertad mediante el mecanismo de la amnistía, los casos que corresponden al Estado de México son: los ejidatarios de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle y el de los comuneros de Salazar en el municipio de Ocoyoacac, quienes fueron encarcelados por sus luchas en defensa del agua y de la tierra, respectivamente.
Dominga González, Marco Antonio Pérez y Lorenzo Sánchez, fueron los tres primeros ejidatarios de San Pedro Tlanixco liberados en febrero de 2019, en tanto que dos meses después también recibieron el auto de libertad sus otros tres vecinos, Teófilo Pérez González, Romulo Arías Mireles y Pedro Sánchez Berriozabal, quienes permanecieron entre 13 y 11 años en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez.
En el mes de mayo pasado, del mismo reclusorio y tras dos años tras las rejas fueron puestos el libertad los eso comuneros de Salazar: Fermín Esquivel Rojas, Miguel Ángel Vilchis García, Yuriko Maribel Becerril Villavicencio, Dana Irakikey Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Cutberto Vilchis García.
De otros asuntos conocidos y documentados en tierras mexiquenses, está pendiente el del abogado y defensor de la vivienda digna en la región de Tecámac, al oriente de la entidad, José Humbertus Pérez Espinoza, quien está a la espera de que su situación sea atendida por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
El caso de integrantes de la comunidad indígena de San Miguel Almoloyan, en Almoloya de Juárez, quienes exigían al ayuntamiento respeto a los usos y costumbres para la designación de representantes ante ése órgano de gobierno concluyó sin la intervención del gobierno federal, pues fue un juez de control quien decidió la no vinculación a proceso.
Es de mencionar que Roberto Márquez Álvarez fue acusado por el alcalde de Almoloya de Juárez, Luis Maya Doro, del delito en grado de tentativa, debido a que rechazaron la imposición de representantes indígenas que quería imponer sin haber respetado los usos y costumbres en el proceso de selección.
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU) un preso político es la persona encarcelada por sus convicciones y actividades de tipo político, lo cual implica una condena en prisión que se opone a los Derechos Humanos, concretamente a las cláusulas de libertad de pensamiento, de expresión o de reunión.
Es decir, están en la cárcel no por un delito tipificado en el Código Penal sino por sus ideas, en el caso del Estado de México relacionadas con la defensa de la tierra, del agua y de los derechos indígenas.
Respecto a José Humbertus Pérez Espinosa, líder del Frente Pro Vivienda Digna, es un caso que está reconocido también como de preso político, por la movilización social que originó su detención y los cargos que se le imputan.
Incluso, en su petición de amnistía Pérez Espinosa da a conocer al gobierno federal otros casos de personas que están encarcelados en distintos centros penitenciarios del país sin que se les haya imputado ningún delito, otros sin sentencia tras muchos años de encierro, la mayoría que podrían reunir las características de presos políticos.
Aunque no existen datos precisos sobre los presos políticos del país, activistas como Mónica Hurtado, de la Asociación Pro Derechos Humanos del Estado de México, confían en que “uno de los objetivos de la Cuarta Transformación sea modificar el marco jurídico para que quede claro el concepto de preso político y su tipificación para ser considerado delito; para que no suceda lo que con el feminicidio, en donde existen tantas ambigüedades que da lugar a una serie de interpretaciones que no permiten a los familiares de las víctimas alcanzar la justicia que esperan”.
