/ jueves 7 de octubre de 2021

Registra Edomex 96.9% de impunidad

De acuerdo con una investigación de la organización México Evalúa, revela que la entidad mexiquense es la número 20 con mayores índices de impunidad y está por arriba del promedio nacional

El Estado de México registra un nivel de impunidad del 96.9% y un grado de efectividad del sistema de Justicia penal de apenas el 3.1%, de acuerdo con la investigación Hallazgos 2020 de la organización México Evalúa.

Los resultados, donde se incluye el Índice de Impunidad 2020 muestran además que la entidad mexiquense es la número 20 con mayores índices de impunidad y está por arriba del promedio nacional, qué es del 94.8%.

El estudio de seguimiento y evaluación al sistema de Justicia penal en México arroja que existen niveles importantes de impunidad, lo cual implica que el sistema no logra ofrecer una respuesta satisfactoria a un mayor número de casos.

La aproximación al nivel de impunidad del sistema de Justicia penal es un indicador del grado de efectividad o incapacidad institucional para hacer frente a la conflictividad penal, dar respuesta contundente a los fenómenos que afectan a la sociedad y favorecer condiciones de apego a la legalidad. También puede ser una vía que arroje luz sobre el uso sociopolítico del sistema penal.

El comparativo del índice de impunidad muestra que la entidad prácticamente se ha mantenido en niveles superiores al 90%, aunque en 2019 tuve un leve decremento, pero para el 2020 volvió a aumentar. Es una de las entidades con una respuesta de baja efectividad.

La impunidad directa, según la investigación, implica falta de atención, de investigación y resolución de los casos que por cualquier vía fueron conocidos por la autoridad, ya sea por no lograr un acuerdo reparatorio, no derivar alguna salida anticipada, o por encontrarse sin sentencia.

El estudio señala que los sistemas penales deficientes o desestructurados son incapaces de gestionar de manera estratégica los delitos que les corresponde atender y resolver.

La investigación también señala que el establecimiento de políticas de persecución penal y de modelos de gestión institucional que cierren espacios al arbitrariedad y pongan en el centro los derechos de las personas deberían convertirse en la variable que logre reducir significativamente la impunidad y asegurar que los fenómenos criminales de mayor impacto sean esclarecidos y el acceso a la justicia sea garantizado.

De manera general se señalan en el índice de impunidad 2020 que las instituciones del sistema de Justicia penal en los estados no ha mejorado, pues persiste un alto porcentaje de casos no resueltos y casi la totalidad sin una respuesta efectiva, sin contar aquellos delitos que no son del conocimiento de las autoridades.

El estado de México tiene el mayor número de carpetas de investigación iniciadas con 300 mil 948 y cada fiscal inicia 218 carpetas.

El estudio también arroja que en territorio mexiquense el 32.3% de la población interna en algún centro preventivo es procesada y el 68% está sentenciada.


El Estado de México registra un nivel de impunidad del 96.9% y un grado de efectividad del sistema de Justicia penal de apenas el 3.1%, de acuerdo con la investigación Hallazgos 2020 de la organización México Evalúa.

Los resultados, donde se incluye el Índice de Impunidad 2020 muestran además que la entidad mexiquense es la número 20 con mayores índices de impunidad y está por arriba del promedio nacional, qué es del 94.8%.

El estudio de seguimiento y evaluación al sistema de Justicia penal en México arroja que existen niveles importantes de impunidad, lo cual implica que el sistema no logra ofrecer una respuesta satisfactoria a un mayor número de casos.

La aproximación al nivel de impunidad del sistema de Justicia penal es un indicador del grado de efectividad o incapacidad institucional para hacer frente a la conflictividad penal, dar respuesta contundente a los fenómenos que afectan a la sociedad y favorecer condiciones de apego a la legalidad. También puede ser una vía que arroje luz sobre el uso sociopolítico del sistema penal.

El comparativo del índice de impunidad muestra que la entidad prácticamente se ha mantenido en niveles superiores al 90%, aunque en 2019 tuve un leve decremento, pero para el 2020 volvió a aumentar. Es una de las entidades con una respuesta de baja efectividad.

La impunidad directa, según la investigación, implica falta de atención, de investigación y resolución de los casos que por cualquier vía fueron conocidos por la autoridad, ya sea por no lograr un acuerdo reparatorio, no derivar alguna salida anticipada, o por encontrarse sin sentencia.

El estudio señala que los sistemas penales deficientes o desestructurados son incapaces de gestionar de manera estratégica los delitos que les corresponde atender y resolver.

La investigación también señala que el establecimiento de políticas de persecución penal y de modelos de gestión institucional que cierren espacios al arbitrariedad y pongan en el centro los derechos de las personas deberían convertirse en la variable que logre reducir significativamente la impunidad y asegurar que los fenómenos criminales de mayor impacto sean esclarecidos y el acceso a la justicia sea garantizado.

De manera general se señalan en el índice de impunidad 2020 que las instituciones del sistema de Justicia penal en los estados no ha mejorado, pues persiste un alto porcentaje de casos no resueltos y casi la totalidad sin una respuesta efectiva, sin contar aquellos delitos que no son del conocimiento de las autoridades.

El estado de México tiene el mayor número de carpetas de investigación iniciadas con 300 mil 948 y cada fiscal inicia 218 carpetas.

El estudio también arroja que en territorio mexiquense el 32.3% de la población interna en algún centro preventivo es procesada y el 68% está sentenciada.


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