Para que las reformas Constitucional y al marco legal del Estado de México funcionen es necesario que se blinde las inversiones, se proteja el empleo y se combata la corrupción, ya que la entidad registra dos años consecutivos con caída económica.
Así lo señaló, Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de la entidad (CCEM), quien indicó que las propuestas del sector que representa se basarán en dichos rubros.
Detalló que, mediante la figura de Parlamento Abierto, misma que coordina el Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (SECTEC), en la LX Legislatura del Estado de México, el CCEM impulsará propuestas en beneficio de la iniciativa privada.
Cabe mencionar que en el Congreso local desde hace unos días se conformó un grupo especial para realizar propuestas por parte de diferentes sectores, las cuales servirán para reformar la Constitución y el marco legal estatal.
Mientras que el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, refiere que el estado registra dos años consecutivos en caída, destacando el segundo y tercer trimestres de 2020 con -17.5% y -7.1% respectivamente, motivo por el cual se deberá pensar en un mecanismo de recuperación de mediano y largo plazo, mismo que requerirá de un trabajo conjunto entre el sector público y privado.
“Tenemos diversas propuestas para la reforma constitucional, sin embargo, centraremos nuestra atención en los temas que mejoren las condiciones y brinden facilidades a los inversionistas nacionales y extranjeros”, externó.
También resaltó que todas estas acciones servirán para que el estado recupere su liderazgo económico nacional, el cual se vea reflejado en una mayor competitividad.
“Debemos fortalecer e incrementar acciones para contar con un sistema regulatorio eficiente y equiparable con otros del país, con el propósito de que cada vez un número mayor de empresas se sientan atraídas por la entidad mexiquense”, apuntó.
La empresaria subrayó la importancia de incluir un portafolio de incentivos fiscales, administrativos y laborales, para las nuevas inversiones, pero también para retener las ya existentes, lo cual requiere medidas integrales, así como de la intervención de áreas de gobierno municipales y estatales.
Sobre el tema de combate a la corrupción, la representante empresarial consideró que se debe hacer frente con el uso de tecnologías de la información y comunicación, evitando el contacto entre empresarios y representantes de la administración pública, así como considerar sanciones inconmutables, sistemas de vigilancia y mecanismos de denuncia ágiles, simples y efectivos.
Finalmente, dijo que es necesario impulsar y proteger los derechos laborales, entre ellos el relativo a la salud e impulsar un seguro de desempleo que verdaderamente funcione en casos de emergencia sanitaria por Covid-19, como la que estamos viviendo.
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