En el Estado de México, existe un subsidio para este año, el cual asciende a casi 10 mil millones de pesos para el ISSEMyM, pero se trata de un rubro que no paso por la Legislatura local, y por ende dichos montos no estaban canalizados para dicho fin, aseguró Maurilio Hernández González, coordinador de la bancada de Morena y vicepresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien se pronunció a favor de una reingeniería financiera para dicho instituto.

En entrevista, el legislador local adelantó que será en noviembre cuando se cuente con información suficiente para saber cómo se entregó la gestión estatal anterior, “pero no habrá protección para nadie”.

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“Simplemente para este año hubo un subsidio de casi 10 mil millones de pesos para el ISSEMyM un tema que incluso no pasó por la Legislatura local, lo cual quiere decir que estuvieron recurriendo a recursos que no estaban destinados para este fin. Hemos planteado que una reforma a la Ley del ISSEMyM, deberá pasar irremediablemente por un replanteamiento de criterios y principios que es la Ley de Seguridad Social”, externó.

El legislador agregó que en este rubro se necesitará una reingeniería financiera que podrá ser una parte importante de las aportaciones, independientemente de que se realice de manera triangulada a través de los empleadores que es el propio Estado, pero que también se presupuesta.

“Creemos que el gobierno tendrá que estar considerando una partida para realizar una aportación que fuera a través de un régimen tripartita; es decir, el trabajador, el empleador y el gobierno”, señaló.

Recordó que desde el año anterior hubo necesidad de recurrir a un fondo del propio instituto por un monto de 6 mil millones de pesos y este 2023 se calcularon 10 mil millones de pesos, con lo cual anualmente se irá incrementando, porque se deberá garantizar la pensión de quienes están usufructuando, pero también los servicios de salud se deterioran si se comienzan a desviar recursos económicos.

De igual forma, comentó que las auditorías a la gestión estatal anterior se encuentran establecidas por la ley, a partir de la Cuenta Pública, y la que se está trabajando ahora correspondiente al 2022 se está trabajando ahora.

“Es ahí cuando la Legislatura se enterará de cuál es la situación que guarda la administración estatal y la aplicación de los recursos en el año 2022, y a partir de ese momento se efectuarán todas las auditorías que se deban realizar”, concluyó.