Diputados de la LX Legislatura de la entidad reprocharon al Fiscal General de Justicia, Alejandro Gómez Sánchez, el incremento de los delitos, la constante impunidad, los malos tratos a los que son sometidas las víctimas de un delito cuando acuden a denunciar a alguna agencia del Ministerio Público, lentitud en la construcción de inmuebles que contribuirían a la atención ciudadana y el incremento en la violencia contra las mujeres y los transportistas.
Durante la comparecencia del Fiscal, Karla Leticia Fiesco García del PAN, acusó que en la entidad persiste un estado grave de seguridad, lo cual se puede palpar en el incremento de la mayoría de los delitos, principalmente los de la salud y los cometidos en contra de mujeres.
Explicó que la violencia es ejemplo de la insuficiencia de herramientas jurídicas que permitan combatir la impunidad y a su vez, se garantice el respeto de los derechos humanos de los mexiquenses.
En su intervención el diputado Juan Carlos Soto Ibarra solicitó información sobre la desaparición de personas y las acciones emprendidas por la institución para mitigar y erradicar el problema que aqueja principalmente a niños, niñas, mujeres y adolescentes, lo que a consecuencia dio origen la segunda alerta de género en la entidad.
Cuestionó los mecanismos implementados por la Fiscalía General de Justicia de la entidad para la prevalencia de la justicia, así como las acciones emprendidas para asegurar justicia cotidiana y a la solución pacífica de conflictos surgidos de la convivencia diaria entre la ciudadanía.
El diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del PVEM reprochó la falta de sentencias condenatorias, pues gran porcentaje de la sobrepoblación en los penales mexiquenses comprende por personas que esperan una sentencia.
Expuso que tan sólo en el penal de Chiconautla hay más de 4 mil reos, sin embargo el inmueble tiene capacidad para poco más de 900 personas, además de que el funcionamiento de las cárceles de la entidad tiene una evaluación apenas aprobatoria, según las estadísticas del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“Más del 40 por ciento –de la población penitenciaria-, permanece sin condena alguna, ¿qué se está haciendo, señor, para erradicar la dilación en la emisión de las sentencias, qué políticas públicas se están implementando para generar una mejor distribución de la población en reclusión y qué acciones se está llevando a cabo para inhibir la reincidencia?”, sostuvo el legislador.
También pidió conocer cuáles son las capacitaciones a las que se someten los funcionarios de la institución, principalmente los policías de investigación, así como la actualización de las tecnologías de la información que permita que los servidores públicos sean más eficientes en su labor.
La diputada María de Lourdes Garay Casillas de Encuentro Social, abordó los constantes delitos de los que son víctimas los transportistas en la entidad y puntualizó que se estiman mil 600 asaltos en el transporte público diariamente, además de que en lo que va de este año se registraron mil 200 robos de unidades, 85 asesinatos de operadores, el homicidio de 9 líderes transportistas y las múltiples extorsiones de las que es víctima este sector.
Cuestionó sobre los motivos por los cuales alrededor de 40 mil órdenes de aprehensión permanecen sin ejecutar, todas ellas relacionadas con el transporte público.
“¿Qué se está haciendo para combatir el gran problema de extorsión que afecta a los transportistas de la entidad?, ¿qué acciones se están llevando a cabo para erradicar los robos a transporte público, robo de unidades y asesinatos relacionados con los transportistas?”, expuso la legisladora.
Además solicitó informes de los trabajos en coordinación entre la Fiscalía de Justicia con la Secretaría de Medio Ambiente de la entidad, para hacer cumplir las leyes en la materia.
Entre los múltiples reclamos dirigidos al Fiscal General, también destacó las múltiples ejecuciones ocurridas en la entidad y si es que el Servicio Médico Forense y contenedores de cadáveres de la entidad son suficientes para almacenar a las víctimas mortales.
El diputado Omar Ortega Álvarez del PRD reprochó el incremento de los delitos y recapituló que el robo incrementó un 11.25%, lesiones un 13.18%, homicidios un 22.11%, extorsión en 81.52%, secuestro en 27.66%, además de que en el primer semestre de este año se registraron 81 feminicidios en la entidad.
“Evidentemente el alza en la comisión de los delitos del fuero común implica un trabajo mayor de la Fiscalía a su cargo, en los hechos lo que se respira es impunidad”, manifestó Ortega Álvarez.
Por su parte Sergio García Sosa del PT, exhortó al Fiscal a mejorar la atención deficiente, lenta y con malos tratos de su personal hacia la ciudadanía y solicitó saber si la institución a su cargo está preparada para implementar la Ley Nacional de Extinción de Dominio entrada en vigor en agosto pasado a nivel nacional.
El diputado Juan Maccise Naime del PRI pidió al Fiscal eficientar los tiempos de respuesta y atención al momento de poner una denuncia, pues se estima que en la entidad para este proceso toma de 3 a 4 horas.
En cuanto a la aplicación del recurso asignado para concretar la transición de Procuraduría a Fiscalía, solicitó saber el porcentaje y resultados.
Sostuvo que el incremento del presupuesto de la Fiscalía casi llegó al 16%, además de que a través de la Secretaría de Obra Pública en este año se recibirán 138 millones de pesos en construcción destinada a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de Valle de Chalco y Lerma, una bodega de evidencias y el Centro de Justicia La Perla en Nezahualcóyotl.
Cuestionó que sólo existan cuatro centros de justicia para las mujeres y aseguró que tras una visita de trabajo no se tiene ningún registro de avance del Servicios Periciales en Ecatepec.
