Toluca, México.-Los institutos de transparencia locales preparan una solicitud de recursos adicionales al Congreso de la Unión para el siguiente año que les permita terminar de instrumentar la Ley de Protección de Datos Personales y atender la nueva Ley de Archivos, que entrará en vigor en junio del 2019.
Esos órganos tienen dos propuestas: crear el noveno fondo del Ramo 33 para que cada año las entidades accedan a esos recursos, a partir del avance en sus índices de su transparencia, de rendición de cuentas y la información que publiquen en sus portales; o que un porcentaje de recursos se entregue a partir de los avances y compromisos de cada entidad y municipios en materia de transparencia, de rendición de cuentas y de protección de datos personales.
El comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de México y Municipios (Infoem), Javier Martínez Cruz explicó que en el país hay más de 8 mil sujetos obligados federales y estatales y el Estado de México 333, pero ninguno cuenta con un sistema de gestión de seguridad que pueda evitar la vulneración de datos personales, por lo cual deben invertir en ese tema.
Además, los órganos de transparencia deben coordinar las necesidades de los municipios, apoyarlos con equipo, capacitación y demás, pues solo en el Estado de México hay 80 ayuntamientos con menos de 70 mil habitantes que requieren apoyo para cumplir con las obligaciones de transparencia, de protección de datos y en 2019 con la Ley de Archivos.
El también coordinador nacional de la Comisión de Protección de Datos consideró que no se ha entendido que el presupuesto para los órganos garantes no es un gasto; sino una inversión.
Dos propuestas:
El comisionado Javier Martínez explicó que existen dos propuestas en el Congreso de la Unión: la primera es crear el noveno fondo del Ramo 33 denominado “Fondo de Aportaciones para la Transparencia, la Protección de los Datos Personales y la rendición de Cuentas”, a fin de que cada año se destine una cantidad de gasto federalizado y las entidades accedan a esos recursos a partir de sus índices de su transparencia, rendición de cuentas, y en el caso de los municipios, de la información que publiquen en sus portales y la generación de esquemas de seguridad.
La segunda es en el ramo 28 en el fondo de Fiscalización y Recaudación para modificar el artículo cuarto de la Ley de Coordinación Fiscal -donde se señala la distribución de recursos de ese fondo- para establecer que el 20 por ciento se entregue a partir de los avances y compromisos de cada entidad y municipio en materia de transparencia, de rendición de cuentas y de protección de datos personales.
Este año ese fondo es de 40 mil millones y al estado de México le llega casi el 10 por ciento, es decir, unos 4 mil millones, de los cuales la mitad va a los municipios, donde se destina a gasto corriente o a reestructuración de deuda. La propuesta es premiar el cumplimiento en transparencia y de rendición de cuentas y dar más a los mejor calificados.
En el Infoem, dijo, han eficientado el dinero, se han distribuido el trabajo y han fortalecido las ponencias con más proyectistas, pues antes cada ponencia tenía cuatro con menos de 2 mil 500 recursos anuales, pero ahora son 5 mil al año con estudios más robustos, por lo cual hay 10 proyectistas en promedio, a quienes han capacitado y algunos ya están certificados.
La inversión, explicó, ha sido y debe seguir en los sistemas para el mantenimiento de la plataforma, la compra de tecnología, equipo y SARCOEM que requiere medidas de seguridad más fuertes, pues es uno de los tres en el país con los más altos niveles de seguridad.
