Como parte de las secuelas generadas por la pandemia del Covid-19, se podría registrar un retroceso de casi 10 años en México en la lucha contra la marginación, y ante en ello en el Congreso local comenzaron con el análisis de la iniciativa para integrar a las mujeres en condición de pobreza extrema y moderada como un sector prioritario en la política de desarrollo social estatal y municipal.
Durante la Sesión de la Comisión Legislativa de Desarrollo y Apoyo Social del Congreso local, y al dar lectura a la exposición de motivos, Mario Santana Carbajal, integrante del Grupo Parlamentario del PRI indicó que el 56.2% de las mujeres mexiquenses lleva a cabo su actividad en condiciones de informalidad y el 62.1% se encuentran ocupadas, pero no son remuneradas.
Según datos del Centro de Población y Vivienda del INEGI, en la entidad habitan 8 millones 741 mil 123 mujeres, quienes representan el 51.4% de la población total.
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Mientras que de acuerdo con estimaciones del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), cerca de 740 mil mujeres mexiquenses entre 18 y 59 años de edad habitan en localidades rurales, y de estas 338 mil, se encuentran en situación de pobreza; más de 710 mil son consideradas en pobreza extrema y más de 39 mil son catalogadas en pobreza moderada.
Por ende, enfatizó el legislador, uno de los mayores retos del gobierno es alcanzar la justicia en este rubro, creando para ello mayores oportunidades para beneficiar a quienes enfrentan en la actualidad un mayor grado de desventaja.
Lo anterior, tomando en consideración que la pandemia del Covid-19 generó una disminución cercana al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, y se han perdido más de 114 millones de empleos, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y por ende los ingresos laborales disminuyeron 8%, con lo cual se incrementaron los riesgos de caer en pobreza e incrementar las brechas de desigualdad.
A nombre de la legisladora priista, Aurora González Ledezma, quien presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la que se pretende adicionar la fracción II Bis al artículo 12 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, el legislador priista agregó que una prioridad es cerrar las brechas de desigualdad, lo cual no constituye una tarea fácil, porque según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la crisis derivada de la pandemia podría generar un retroceso de casi 10 años en la lucha contra la pobreza y la marginación.
Asimismo, la ONU establece que a pesar de los avances en materia de género; por ejemplo, las leyes y las normas sociales siguen siendo discriminatorias y las mujeres continúan siendo “infrarrepresentadas” en todos los niveles de liderazgo político.
Por su parte, la diputada local, Carmen de la Rosa Mendoza, propuso que segmentar a la población femenina implicaría violentar el principio fundamental del derecho y el principio de la persona, porque se estaría limitando a aquellas personas en pobreza extrema y moderada.
Ante dicho panorama, planteó que la iniciativa, que plantea reformas a la Ley de Desarrollo Social estatal, beneficie a todas las mujeres que requieran los programas sociales y que sean atendidas por las instituciones de manera urgente y prioritaria; además recordó que está pendiente el análisis de una iniciativa para destinar los recursos públicos de manera transversal y con perspectiva de género.
Por último, los legisladores locales integrantes de dicha comisión también iniciaron con el análisis de la iniciativa del diputado Sergio García Sosa (PT) para reformar la Ley de Desarrollo estatal, con el objetivo de integrar el derecho a la cultura dentro del catálogo de derechos sociales de la política social estatal.
