Tras 19 años de haber iniciado el conflicto por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan a cargo de Teya, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, la Suprema Corte de la Nación (SCJN) intervendrá para definir si se han violado los derechos de las comunidades otomís del municipio de Lerma, que han resultado afectadas con la vía.
Mediante un recurso de revisión (69/2019), interpuesto por las comunidades otomís afectadas, la Segunda Sala deberá definir en los próximos meses si se violó el derecho de consulta previa y abierta a las comunidades de San Francisco Xochicuautla, La Concepción, Hutzitzilapan y Santa Cruz Ayotuzco.
Jaime Vargas, integrante del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla, señaló que la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es a partir del juicio 1117/2015, interpuesto en 2015 cuando se dio el decreto de la expropiación de parte de los terrenos para la autopista por el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Dicho documento expone que se burlaron los derechos de las comunidades sobre libre culto y la integridad cultural.
En aquel entonces el Sistema de Autopistas Aeropuertos Sistemas Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) justificó que se había hecho una consulta pública con autoridades y representantes de las comunidades, pero casi ocho años después (2012) de iniciar la obra vial.
"La consulta nunca fue pública, hubo gente que ni conocemos y que votaron, un rector de una universidad privada y gente del Gobierno del estado que no sabían de las condiciones en que estaban las comunidades", sostuvo Vargas en entrevista telefónica para este diario.
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El recurso de revisión para verificar las condiciones en que se hizo la consulta pública, fue ingresado el año pasado y quedó registrada bajo el número 69/2019.
Los integrantes del Comité Supremo Indígena esperan que una vez que pase la contingencia sanitaria se le pueda dar resolución al recurso de revisión y los convoquen a una audiencia en la SCJN.
"Tenemos entendido que solo sesionaron para aprobar retomar el caso pero no hay más avances, ojalá cuando acabe la contingencia sanitaria", agregó Vargas.
Explicó que la consulta se debió realizar en una asamblea en la que estuvieran todas las comunidades afectadas para opinar y decidir, por lo que no aceptan lo hecho por el SAASCAEM.
OTROS JUICIOS
Actualmente existen diversos amparos ingresados para la suspensión de las obras viales, que se realizan en territorio de la comunidad indígena.
Vargas detalló que además del juicio 441/2016, el cual ya se ganó, hay otros como el juicio 771/2015; el juicio 1117/2018 y el más reciente es el 1635/2019, que fue firmado por la comunidad de Huitzitzilapan y San Francisco Xochicuautla. Este último fue por Suspensión de Plano y Oficio.
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DICTÁMENES
El comunero detalló que, este año, el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizaron una visita para inspeccionar y generar un dictamen sobre el daño a las rutas sagradas del cerro La Campana, causadas por el paso de las obras viales.
“Estamos a la espera que el INPI y el INAH nos entreguen su dictamen sobre las afectaciones a nuestras rutas sagradas y que se puedan presentar al juez como pruebas”, argumentó Jaime Vargas.
SEPARACIÓN
El grupo que encabeza Jaime Vargas se subdividió de otro, el cual a principios de 2019 decidió aceptar el paso de la autopista y llegó a un acuerdo en el que hay de por medio un proyecto sustentable con paso de puentes y un convenio para que parte del porcentaje de las ganancias en el peaje, sea para la comunidad de San Francisco Xochicuautla.
Sin embargo, luego de las protestas que han hecho los integrantes del Consejo Supremo Indígena, se ha echado abajo los planes del grupo de comuneros la SCT y la constructora Teya, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú.
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ENFRENTAMIENTOS
El mes pasado los comuneros volvieron a enfrentarse con la fuerza pública policiaca, para obligar que la constructora Teya detenga sus trabajos por los amparos de suspensión definitiva que se les otorgó.
Incluso se generó la detención de un integrante de la comunidad de Xochicuautla.
Jaime Vargas informó que, a raíz de eso, se han alejado del movimiento y no han continuado con las protestas.