De septiembre de 2017 al 31 de enero de este año, la Secretaría de la Contraloría ha impuesto 2 mil 746 sanciones a 2 mil 600 servidores públicos, informó el secretario de la Contraloría, Javier Vargas Zempoaltécatl, quien explicó que con la nueva política nacional anticorrupción se podrá atacar con mayor eficacia este fenómeno.
Estas sanciones fueron 694 amonestaciones, 129 inhabilitaciones, 291 suspensiones temporales en el cargo o comisión, 67 destituciones, 128 sanciones de carácter económico, 111 resarcitorias y mil 326 sanciones pecuniarias por el incumplimiento de la manifestación de bienes.
En entrevista posterior a su encuentro con los miembros del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, el secretario de la Contraloría puntualizó que será en las próximas semanas que los primeros expedientes derivados de las investigaciones por denuncias de actos de corrupción lleguen al Tribunal de Justicia Administrativa debido a la reestructura al interior de la dependencia estatal.
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“Estamos ya concluyendo las primeras investigaciones conforme a la nueva Ley de Responsabilidades y en las próximas semanas estaremos enviando los primeros expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa, que recordemos en este caso estamos hablando de faltas graves o hechos de corrupción”, explicó.
A pregunta expresa sobre cuáles son las dependencias en las que más hay sanciones, informó que el referente son aquéllas que tienen mayor cantidad de servidores públicos, tales como la Secretaría de Seguridad, de Educación y de Salud, entre otras; no obstante, aclaró que la entidad mexiquense tiene alta incidencia de denuncias y procedimientos por el hecho de concentrar un mayor porcentaje de población.
Además dio a conocer que en breve la entidad mexiquense dará a conocer su nueva política nacional anticorrupción que deberá estar alineada a los requerimientos del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar cualquier acto de corrupción.
Finalmente recordó que a través de la integración de la entidad a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Anticorrupción se prevé concentrar información relacionada con seis sistemas, y se impedirá que un servidor público sancionado por la Secretaría de la Función Pública en el ámbito federal por actos de corrupción, pueda trabajar en algún otro poder público en otra entidad federativa.
“Esa persona si está inhabilitada en el ámbito federal no podrá ser contratada en el ámbito estatal o municipal y viceversa, esa es la visión que se tiene. Es un programa piloto en tanto se implementa toda la plataforma digital”, agregó Javier Vargas, quien aclaró la entidad mexiquense es la primera en adherirse a dicha plataforma.
