Las y los diputados locales aprobaron en comisiones sancionar hasta con tres años de prisión a quienes obliguen a otras personas a tomar terapias de conversión sexual.

El castigo será mayor cuando se cometan contra menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores, personas privadas de libertad o que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho.

También avalaron penas de 10 a 15 años de prisión a quien lesione a una persona adulta mayor, ya sea un integrante de su núcleo familiar, quien ejerza la tutela o quien tenga la obligación legal de cuidarla y si el agresor tenía derecho a heredar, lo perderá.

Las terapias

Las comisiones incorporaron modificaciones a la iniciativa inicial, a propuesta de la Fiscalía General de Justicia para buscar una mejor redacción.

Francisco Fierro de la Fiscalía dijo que el tema atiende un reclamo social para salvaguardar los derechos de las personas, sin distinción alguna y destacó que tomaron la opinión de esa institución para ajustar la redacción, a fin de perseguir adecuadamente los delitos y que el Ministerio Público pueda ejercer acción penal.

En estos casos, advirtió, se trata de un delito contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual, por lo cual es importante establecer una correcta redacción para señalar el bien jurídico protegido y destacó que se incluyó agravar las penas, cuando se trata de determinados grupos vulnerables.

Beatriz García, autora de la propuesta, señaló que el tema de sancionar las terapias de conversión sexual ha sido detenido por ideologías conservadoras, pero en entidades como la Ciudad de México ya se castiga.

Resaltó que a las personas se les debe respetar su orientación sexual y sancionar las terapias que pretenden corregirlas, pues atentan contra la dignidad de las personas.

Sostuvo que las terapias transgreden principios nacionales e internacionales y se deben dar derechos a quienes se les han vulnerado.

Las reformas son al artículo 211 del Código Penal mexiquense para establecer como delito contra el libre desarrollo de la personalidad y la libertad sexual a quienes sometan, coaccionen u obliguen a otros a recibir o realizar procedimientos o métodos con la finalidad de cambiar su orientación sexual y derivado de esto se afecte su integridad física o psicológica.

Esas conductas se sancionarán hasta con tres años y hasta con cien días de trabajo en favor de la comunidad.

De acuerdo con el dictamen se entiende por terapias de conversión aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas y psiquiátricas o tratamientos en las que se emplea violencia física o moral, psicoemocional o sexual mediante tratos crueles inhumanos o degradantes que atenten contra la autodeterminación sexual de las personas.

Si la conducta se lleva a cabo contra personas menores de edad con discapacidad adultos mayores privadas de libertad o que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho la pena se aumentará en una mitad.

Posturas

Al ofrecer sus posicionamientos, Juan Maccise del PRI resaltó que las reformas buscan un fin noble y Alicia Mercado de Morena advirtió que hay algunas personas que no quieren aceptar la realidad, pero no se deben tolerar actos discriminatorios y menos si vienen de la autoridad. Tampoco permitir violaciones a los derechos humanos.

José Antonio García del PAN cuestionó si se podrá demostrar que el médico u otras personas fueron obligados a estos actos y Carlos Lomán se mostró inconforme con los últimos ajustes a la reforma y la necesidad de proteger todos los sectores para no generar discriminación.

Liliana Gollas de Morena afirmó que con los ajustes avanzan porque nadie tiene que rendir cuentas sobre su sexualidad, mientras su compañera de bancada, Anaís Burgos resaltó las reformas para sancionar esas terapias y garantizar derechos de todas y todos y sostuvo que las terapias son tortura, al tiempo de leer una mensaje de organizaciones de la comunidad LGBTTIQ.

Claudia González del PRD señaló que las preferencias sexuales no son una enfermedad, por lo cual no requieren un tratamiento, sino el reconocimiento y respeto de la sociedad. También Berenice Medrano y Mariana Uribe de Morena, así como María Luisa Mendoza del PVEM destacaron que con estas reformas la entidad avanza para evitar la discriminación y garantizar derechos.