Luego de que este viernes se realizó la audiencia final por la controversia emprendida por los ciudadanos en contra de los Parquímetros Virtuales instalados en Toluca, en los próximos días el Tribunal de Justicia Administrativo tendrá que dar el fallo definitivo.
De acuerdo a Mario Cardoso, décimo regidor de Toluca, a fin de evitar una posible demanda por la empresa que operaba los parquímetros virtuales, se debe cerrar bien el asunto ante el Tribunal de Justicia Administrativa y aún cuando este viernes se llevó a cabo la audiencia final, el fallo estará a más tardar en 15 días.
Recalcó que aún cuando el programa de Parquímetros Virtuales ya fue suspendido por las autoridades municipales encabezadas por Juan Maccise, no se ha terminado el proceso iniciado por los ciudadanos.
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“Actualmente no existe certeza jurídica de su desaparición, pues para que ésta cause efectos es necesario un acuerdo de cabildo o un cierre administrativo, lo que no ha ocurrido”, afirmó el edil.
Por tanto, espera que, a partir del fallo del Tribunal, que podría ocurrir a más tardar en un plazo de 10 días después de la audiencia de alegatos de este viernes, ese sea un mandato de los magistrados.
Mario Cardoso, aseguró que, como parte del procedimiento administrativo, se solicitó transparentar la inversión y ganancias, pues a la fecha sólo se sabe que el ayuntamiento invirtió alrededor de 25 millones de pesos, que la empresa ni siquiera contrató personal porque el programa operó con empleados de la policía vial, y que el municipio se encargó de pintas y mamparas que también fueron adquiridas a sobreprecio.
Precisó que en esta demanda la empresa Parquimóvil, SA de CV, originaria de Puebla, funge como tercera interesada; y que el Tribunal ya solicitó su comparecencia.
“Espero que el Tribunal reconozca que fue ilegal la implementación de parquímetros virtuales, que salga en favor de los ciudadanos, y de allí podemos iniciar proceso en contra de los funcionarios que lo ejecutaron”, señaló.
Finalmente, comentó que el siguiente paso sería exigir el pago de daños y perjuicios a los ciudadanos, a raíz de la implementación autoritaria del programa, o algún tipo de compensación dado que algunos negocios instalados en el área de parquímetros virtuales tuvieron que cerrar.
