Pese a estar sentenciados a 95 años de prisión por el secuestro y homicidio de Guadalupe Bastida Reyes, dos de los agresores buscan un amparo para que se les conceda la reducción de sentencia.
A decir de la madre de Lupita, Régula Reyes, la petición es revictimizante pues temen que Miguel Ángel y Dionisio puedan recuperar la libertad y volver a delinquir, incluso tomar represalias contra su familia.
“Pidieron la reposición del juicio para que les bajen la sentencia, pero no se me hace justo que pidan eso cuando ya fueron hallados culpables y son asesinos. Lo que queremos es que paguen, no que les den amparos ni nada, mucho menos volver a empezar porque ya se comprobó que son unos asesinos”.
Además, pidió que haya celeridad en el juicio que existe en contra de un tercer implicado, Eduardo Henry N., pues, a dos años y medio del secuestro y homicidio de Lupita, no ha sido sentenciado pese a que está señalado por haberla asesinado.
El secuestro y homicidio de Lupita
Lupita Bastida Reyes fue secuestrada y asesinada el 15 de noviembre de 2021 en la comunidad de El Estanco, perteneciente a Almoloya de Juárez. Sus restos fueron hallados seis días después en la localidad de Loma Blanca.
“Ella fue secuestrada el 15 de noviembre del 2021, era lunes. El martes nos enviaron mensajes para pedirnos un millón y medio de rescate, después bajaban y subían la cantidad pero eso era lo que pedían. El domingo se entregó el rescate y fueron detenidos”, recordó Rebeca, hermana de las víctima.
Los ahora detenidos eran vecinos de Lupita, quien se dedicaba a atender la tienda de abarrotes de la familia y era madre de un adolescente.
No era su primer secuestro
A Lupita hace siete años la secuestraron y en ese momento, como se pagó el rescate y la liberaron, guardaban la esperanza de que el segundo plagio resultara igual.
Sin embargo, las investigaciones revelan que fue privada de la vida desde el primer día en cautiverio.
Por lo anterior, señaló Régula, madre de la víctima, temen que los sujetos recuperen la libertad, además de que, dice, hay un clima de inseguridad en la comunidad de El Estanco.
En ese sentido, exige a las autoridades del Tribunal de Alzada se prioricen los derechos de las víctimas y sus familias, no así los de personas que, indicó, se ha comprobado son capaces de asesinar por dinero.