El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hacer una búsqueda e informar sobre el número de carpetas de investigación por denuncias en contra de sus elementos por delitos como maltrato a detenidos, pillaje, devastación, contrabando, saqueo y violencia contra las personas.
Lo anterior, es a partir de una solicitud de información que negó la Sedena a un ciudadano al responder que no tenía carpetas de investigación en contra de militares.
Este mandato del INAI considera que la Sedena busque e informe sobre sentencias condenatorias en contra de militares y el número de carpetas de investigación que se han judicializado por los delitos señalados.
“Diversos informes de organización de la sociedad civil, han apuntado que el sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con la obligación principal de impartir justicia en casos de abusos de militares contra personal de la sociedad civil”, señala el informe del INAI.
Al presentar el caso ante el Pleno, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez refirió que la Sedena tenía conocimiento de militares acusados de cometer delitos y violaciones a derechos humanos.
Hasta 2021, 308 militares fueron acusados de delinquir y violar derechos humanos; cinco fueron sentenciados y 10 procesados, afirmó el Comisionado Adrián Alcalá.
Mientras que entre 2006 y 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 174 recomendaciones que involucran a la Sedena en actos de tortura, desapariciones forzadas, violaciones y ejecuciones, entre otros delitos.
Por unanimidad, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Sedena y le ordenó hacer una nueva búsqueda exhaustiva, con un criterio amplio, de la información que le fue requerida, en la totalidad de unidades administrativas que sean competentes, como lo son el Tribunal Superior Militar, la Fiscalía General de Justicia Militar, la Defensoría de Oficio Militar, la Contraloría General, la Dirección General de Derechos Humanos y la Unidad de Asuntos Jurídicos.
Finalmente, se puntualizó que esta nueva búsqueda no podrá limitarse a la denominación de carpetas de investigación, sino a cualquier documento que dé cuenta de las investigaciones realizadas por el sujeto obligado, con independencia de la forma en que se nombre a dichos documentos, pues no es procedente exigir a la persona solicitante que conozca la denominación precisa de la información que resulta de su interés.
