Actualmente los servidores públicos que son sancionados únicamente pagan 40 de cada 100 pesos, a pesar de que en sus respectivas áreas tampoco invierten lo que deberían, aseveró el contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios Dávalos.

El contralor señaló que lamentablemente en muchas ocasiones al interior de las administraciones “les hace falta el recurso”, e indicó que mientras no haya sanciones administrativas severas, seguirán reproduciéndose las “mismas prácticas corruptas”.

En este contexto, lamentó que funcionarios que no han actuado adecuadamente sean restituidos y simplemente cambien de áreas; además de que también pueden acudir a los amparos directos e indirectos.

De esta forma, reiteró su llamado para que a nivel estatal y nacional se pueda contar con un padrón de funcionarios sancionados. “Percibimos que el Sistema Nacional Anticorrupción (de entrada) ya tiene un problema en lo relativo a la poco disponibilidad para llevar a cabo investigación”.

Asimismo, Barrios Dávalos destacó la importancia de que se evite al máximo la protección política en los casos de corrupción, porque lo ideal es interponer sanciones ejemplares.

“No saben cuántas veces nos han dicho ayúdenles, pero a mí me enseñaron que las cosas deben ser correctas, ya que por si fuera poco, también existe la opacidad, porque los involucrados no se informan sobre lo que existe en la ley”.