A una semana de la eventual aprobación de la Reforma Judicial se comienza a notar el impacto negativo en los índices económicos, sostuvo el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Mauricio Massud Martínez, quien advirtió que si no se tocan las fiscalías y los ministerios públicos los índices de impunidad seguirán por encima del 98%.
Asimismo, el representante empresarial apuntó que el inicio de funciones del nuevo Congreso Federal y la discusión que se llevará a cabo a lo largo de los próximos días sobre la Reforma Judicial, comienza a generar nerviosismo en los mercados e inversionistas.
“Estamos en un punto clave para la configuración del país y en donde el empresariado podría quedar vulnerable ante las decisiones judiciales y sin elementos de defensa para ampararse frente a actos de autoridad o para litigar controversias, concesiones denegadas o permisos rechazados que vulneren sus derechos”, enfatizó.
Aseguró que si bien la propuesta enviada desde el ejecutivo tiene como premisa base eliminar actos de corrupción y abatir los índices de impunidad, no tendrá dichos efectos sino se atiende de inicio el primer eslabón de la cadena que son los ministerios públicos.
“La Reforma no considera a las fiscalías, a los cuerpos policiacos, a los ministerios públicos que es donde inicia la cadena de impunidad que alcanza el 98% de los delitos cometidos en el país y por otro lado amplía la lista de delitos que amerita prisión preventiva oficiosa con lo que se obliga a los jueces a encarcelar a personas antes de que se demuestre su culpabilidad”, expresó.
Massud Martínez agregó que el mensaje a nivel internacional sobre la elección popular de jueces y magistrados afectó la llegada de inversiones, especificamente de Estados Unidos las cuales alcanzan hasta el 83% de las relaciones comerciales internacionales del país, con lo que los efectos podrían verse durante los próximos meses, de manera mucho más acelerada.
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De igual forma, señaló que una preocupación latente desde la iniciativa privada no sólo es la que tiene que ver con jueces y magistrados, sino con la desaparición de órganos reguladores como el Instituto de la Transparencia, el Coneval y el traspaso de la Guardia Nacional (GN) al Ejército.
Ante dicho panorama, refirió que prevalece el voto de confianza hacia la nueva administración federal; sin embargo, es indispensable que los ciudadanos tengan órganos de defensa y contrapeso, sobre todo cuando el 75% de los representantes del Poder Legislativo son de la misma extracción partidista que el titular del ejecutivo, situación que se replica en la mayor parte de los estados de la República.