A más de un año que entró en vigor la Ley de Amnistía del Estado de México, no se han otorgado amnistías por delitos de alto impacto a quienes son considerados como "falsos culpables", es decir, personas a quienes les imputaron delitos sin pruebas, o les fabricaron los ilícitos, advirtió el activista Humbertus Pérez Espinoza de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH)
Ante ese panorama, consideró que la norma no se ha cumplido, pues las autoridades no quieren admitir fallas, ni la existencia de falsos culpables para no exhibir al sistema legal actual, pese a que se han procesado y sentenciado personas sin elementos suficientes y con fallas en la investigación inicial y complementaria.
Advirtió que la Comisión de Amnistía de la Legislatura local no se ha reunido para sesionar, ni ha trabajado. Tampoco tiene reuniones periódicas, pues solo envió las solicitudes de amnistía a las diferentes instituciones, pero no han emitido recomendaciones.
De acuerdo con la Constitución la amnistía es una facultad exclusiva del Poder Legislativo, pero el Congreso, opinó, no ha querido establecer un criterio homogéneo, a partir de lineamientos donde debería señalar que las instituciones envían opiniones consultivas, pero no pueden otorgar amnistías, porque solo lo puede realizar la Cámara de Diputados y Diputadas.
Pérez Espinoza señaló que no ha habido avances en la Ley de Amnistía, que en su artículo 16 señala que la Legislatura integrará una comisión especial, para conocer casos que por su relevancia sean puestos a su consideración por encuadrar en supuestos de violación de derechos, o fallas en la aplicación de alguno de los principios penales del sistema acusatorio, o la plena presunción de fabricación de delitos.
Además, en el artículo 17 menciona que esa comisión solicitará la opinión consultiva de la Comisión de Derechos Humanos, de la Fiscalía estatal, el Poder Judicial mexiquense, de la Secretaría de Justicia, así como de organizaciones de la sociedad civil quienes deben emitir la opinión en un plazo razonable y la determinación de cada caso sería turnada a la autoridad judicial o procuradora de Justicia para atender la recomendación.
Pérez Espinoza sostuvo que hay elementos para acreditar que han existido detenciones arbitrarias, falta de investigación, fabricación de delitos, violaciones al debido proceso y a los derechos en las cerca de 800 solicitudes de amnistía que presentaron ante la Comisión legislativa de Amnistía y las cuales fueron enviadas a las diferentes instituciones, donde no ha habido una respuesta y, con excepción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), ni siquiera les han informado el turno que les otorgaron.
También advirtió que hay violaciones a los términos de la ley y el Congreso no ha aceptado las propuestas que PIDH hizo para integrar un comité de expertos, especialistas en el sistema penal, para analizar la investigación inicial y la complementaria, a fin de que contaran con recursos para trabajar, pues las y los legisladores no son expertos en el tema.
"Pero no quieren hacer eso porque no quieren exhibir al sistema penal acusatorio como un sistema que no funciona y tiene problemas estructurales", sostuvo.
El Congreso local, dijo, envió todas las solicitudes a todas las instituciones, sus lineamientos no son correctos y las y los diputados no han hecho ningún análisis de los asuntos.
Pérez Espinoza señaló que entregaron tres bloques de solicitudes en los meses de abril, julio y septiembre del año pasado, pero no habido respuestas aún cuando en el Poder Judicial y señalaron que verían caso por caso.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) ha emitido lineamientos para señalar que no emitirá recomendaciones en casos donde se atente contra la vida y la integridad de las personas, es decir, en delitos como feminicidios, homicidios, secuestros y otros delitos.
La decisión, explicó, fue tomada con base en las resoluciones de juzgados para decidir qué temas no se tocan con la Ley de Amnistía, pero advirtió que no se ha agotado el procedimiento, pues aún existe la vía de los amparos, a la cual ya recurrieron.
La organización Presunción de Inocencia, explicó, ha elaborado patrones de fabricación de delitos de alto impacto para demostrar que se han imputado esos ilícitos y cómo se han fabricado.
Señaló que en la entidad mexiquense ha habido personas sentenciadas, sin elementos suficientes y con testigos que nunca se presentaron en los juicios, e incluso y las y los inculpados fueron detenidos de manera arbitraria sin investigación previa.
Por ello, anunció, ya han promovido amparos indirectos por la violación al debido proceso, donde involucran a los poderes Legislativo, Judicial, a la Secretaría de Justicia y a la Fiscalía mexiquense y anunció que llegarán hasta la Corte Interamericana para denunciar el incumplimiento de la Ley de Amnistía, dado que las autoridades no quieren aceptar la existencia de falsos culpables.