El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México emitió una recomendación al Ejecutivo mexiquense, a la Fiscalía General de Justicia y a 84 municipios mexiquenses para pedirles que publiquen información en la plataforma digital estatal, pues desde hace dos años tienen la obligación de hacerlo y al menos en el sistema de declaraciones de bienes y conflicto de interés no han cargado información.
En total, fueron seis las recomendaciones no vinculantes a municipios y solo una de ella incluye al Ejecutivo para pedirle que publique y entregue la información que la ley le obliga. Esta es la primera vez que se recomienda al Gobierno estatal y a la Fiscalía mexiquense.
Durante la sesión, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción José Guadalupe Luna señaló que hasta el momento todas las recomendaciones solo se han dirigido a municipios y cuestionó si existe alguna razón para no emitirlas a entes estatales que tampoco han cumplido.
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Originalmente la propuesta de la recomendación era dirigirla a 84 alcaldes por no registrar información de los sistemas uno y dos de la plataforma digital estatal.
Luna señaló que hasta el momento hay tres sistemas funcionando, por lo cual la recomendación tendría que ir a todos los que no han subido información y no solo a los ayuntamientos y precisar, en el caso de los municipios, cuáles no han cumplido con publicar datos en dos sistemas y cuáles solo en uno. Propuso reformular la recomendación y dirigirla a todas las entidades que no han subido información.
El secretario de la Contraloría Javier Vargas se mostró en contra de reformularla y dijo que ya han dado los motivos del retraso, pues en otras reuniones ha argumentado el volumen de información, complejidad, riesgos, entre otras cosas.
Consideró la necesidad de establecer lineamientos para resguardar la confidencialidad de la información. El tema, dijo, es una inquietud nacional y será motivo de comentarios en la sesión del próximo Comité Coordinador nacional para que se analice la posibilidad de emitir directrices.
Sin embargo, tanto la auditora superior Miroslava Carrillo, como el representante del Poder Judicial, Pablo Espinosa votaron en contra de la propuesta original y a favor de la reformulación, y con el voto de calidad del presidente del CPC, Guadalupe Luna se aprobó.
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Solo la rechazaron los titulares del Instituto de Transparencia José Martínez Vilchis, del tribunal de Justicia Administrativa, Arlen Jaime merlos y de la contraloría Javier Vargas.
De esa forma, por primera vez se emite una recomendación no vinculante que involucra al Ejecutivo mexiquense, pues las anteriores se habían centrado en los municipios mexiquenses.
Otras recomendaciones
Otra recomendación fue a los órganos internos de control de Acolman, Atlautla, Huehuetoca Malinalco, Nextlalpan Otumba, Temamatla y Tlalmanalco por no atender la solicitud de la Secretaría Ejecutiva del sistema estatal anticorrupción de remitir un informe detallado del porcentaje de procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden las indemnizaciones cobradas.
También recomendaron a los alcaldes de Almoloya del Río y Joquicingo realizar las gestiones necesarias para instalar su sistema municipal anticorrupción, pues no hay evidencia de que hayan contado con ese órgano, desde 2017, que es una obligación.
Además, recomendaron a los presidentes municipales de Ecatepec, Nextlalpan, Sultepec y Temascaltepec para que instalen su sistema anticorrupción.
Asimismo hicieron una recomendación a 57 comités coordinadores municipales que no han remitido al comité estatal su informe anual sobre las acciones, políticas y avances y sobre la probable comisión de hechos de corrupción y faltas administrativas.
La última recomendación fue a los órganos internos de control de Chicoloapan, Cuautitlán y Tecámac que no atendieron o lo hicieron parcialmente la solicitud de información para elaborar un diagnóstico de acciones realizadas en materia de prevención detección y disuasión.
El comité coordinador también aprobó el informe anual e incluir en él como ha votado cada integrante los asuntos que se han tratado.