La violencia feminicida no va a detenerse hasta que se acabe la impunidad, aseguró la activista Mónica Hurtado, representante de la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, quien recordó que a casi un año sigue sin aclararse el feminicidio de Fátima, la pequeña de 12 años privada de la vida en el municipio de Lerma.
Consideró que sólo la aplicación de la ley para abatir la impunidad puede revertir la situación y consideró que no es necesario pensar en hacer reformas a las leyes, ni incrementar las penas; se requiere aplicar la ley para que nadie se quede sin castigo; es decir, el delito queda impune y esa impunidad nos va llevando al Estado fallido al no aplicar la justicia con exactitud, prontitud y para todos.
“Mientras siga la impunidad pueden hacer mil o 300 leyes que, aunque sean necesarias, no son aplicables por la ineficiencia, complicidad, por la omisión, falta de capacitación de Ministerios Públicos o la falta de sensibilidad hacia las víctimas, no se resuelve nada, por la falta de sensibilidad y voluntad política para resolverlos”.
Mónica Hurtado se pronunció por la necesidad de contar con políticas públicas que abatan la impunidad, que sean transversales para que participen tantas dependencias como tengan que ver para cumplir con el compromiso asumido por México de reeducar a quienes ejercen violencia contra las mujeres.
Atribuyó esta acción al hecho de que países del norte de Europa estén abriendo escuelas y cerrando cárceles y poniendo en ellos bibliotecas y hoteles, mientras que en México y en el Estado de México tememos saturadas las cárceles, además de que se reducen las penas a menores y no se aplican políticas efectivas de reinserción social.
La activista recordó que nuestro país firmó diversos tratados internacionales comprometiéndose a promover la reeducación para feminicidios estableciendo un programa exprofeso, pero hasta ahora no existe o, por lo menos, no lo informan a la sociedad, pues no existe registro de quien lo imparte, quien lo supervisa, a quien reporta.
Insistió en la necesidad de contar con políticas públicas transversales que estén relacionadas con los procesos de reeducación y no como sucede actualmente que cada dependencia hace algo de manera aislada y no relacionada, pero sin una coordinación efectiva que permita garantizar resultados traducidos en reeducar personas que ejercieron violencia.