En el Estado de México 93 de los 125 ayuntamientos, es decir, el 74%, tienen policías de género para la detección, atención y prevención de situaciones de riesgo para las mujeres, a quienes deben brindar atención a víctimas de violencia psicológica o sexual y a sus familiares.
Sin embargo, de acuerdo con un estudio de la Secretaría de Seguridad estatal, menos de la mitad cuentan con equipamiento e instalaciones, pues apenas 53 de los ayuntamientos con policía de género tienen equipos de cómputo, en 49 se les asignaron oficinas y únicamente 46 están debidamente uniformados con el color rosa neón que les corresponde.
Adicionalmente, hay mil 900 elementos de la policía de género estatal, un promedio de 15 por cada uno de los 125 municipios.
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La Secretaría de Seguridad del Estado de México y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública hicieron un acuerdo para emitir lineamientos de actuación de la policía de género para los municipios mexiquenses, a fin de que se coordinen y hagan un mejor trabajo, al tiempo de establecer mínimos requisitos para que operen adecuadamente.
Dos alertas
El documento publicado en Gaceta de Gobierno señala que a partir de la implementación de las dos alertas de género en la entidad mexiquense: la primera de julio de 2015 en 11 municipios, y la segunda en octubre del 2019 en siete ayuntamientos, se plantearon acciones para involucrar a todos los organismos, a fin de velar por la seguridad e integridad de las mujeres en la entidad.
La policía de género estatal inicialmente contó con 32 elementos que gradualmente han aumentado hasta 250 con presencia en el Valle de Toluca, Valle oriente y Valle de México y a la fecha suman mil 900 elementos en los 125 municipios.
El acuerdo
Según el acuerdo en materia de seguridad, la policía de género estatal y las municipales deben coordinarse para atender solicitudes de apoyo y realizar operativos con perspectiva de género, a fin de salvaguardar la integridad de las personas.
La policía de género dependerá, en el caso de los municipios, de la dirección de Seguridad Pública Municipal o equivalente y los elementos deberán contar con perfil académico y psicosocial adecuado, que incluya estudios mínimos de nivel medio superior, presentar y aprobar evaluaciones de certificación, el examen de control de confianza, cursos de formación inicial de competencias básicas de la función policial.
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También el curso básico de policía de género con la especialización correspondiente, conocimientos básicos en perspectiva de género y haber aprobado un curso sobre atención a víctimas de violencia por razón de género contra mujeres y niñas.
Además deberán tener un tamizaje psicosocial para identificar factores de riesgo.
Estructura
La estructura de la policía de género municipal, según el acuerdo, deberá contar al menos con siete elementos distribuidos en: una persona con funciones de jefatura de servicio, una jefatura de turno A, una jefatura de turno B, una persona encargada de célula y tres elementos operativos en despliegue.
Los elementos deberán tener capacitación permanente, a través de foros, cursos, diplomados y certificaciones alineados al programa rector de profesionalización y realizarse en instituciones certificadas y aprobadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para garantizar que la policía de género municipal pueda atender y prevenir casos de violencia de género, el documento señala que deben contar con instalaciones adecuadas, vehículos y equipo de oficina y cómputo; por lo cual le recomiendan tener dos unidades vehiculares, equipo de oficina y equipo de cómputo.
En las líneas de acción para la prevención de delitos de género se señala que debe haber un trabajo coordinado entre instituciones estatales y municipales para atender la violencia de género, con programas específicos enfocados a familias, mujeres, niñas, niños, adolescentes, hombres y comunidades en condiciones de vulnerabilidad.
También se prevé fortalecer el trabajo de inteligencia a través de análisis de bases de datos y de denuncias recibidas, identificar posibles casos de violencia de género en colonias con mayor índice de violencia en municipios, a fin de atender prioritariamente zonas para la aplicación de la estrategia de prevención educativa, social, cultural y deportiva.
Además, se plantea la necesidad de dar atención y acompañamiento a víctimas, garantizar la protección de derechos humanos y se precisan los pasos a seguir por parte de los elementos contemplados en el protocolo nacional para la actuación policial ante casos de violencia contra las mujeres y feminicidio.
De esa forma, los elementos deberán responder de manera inmediata a cualquier denuncia y solicitud de apoyo o llamada de auxilio por situaciones de violencia contra las mujeres, aun cuando quien refiera la información no sea la víctima y deberán prever el traslado de por lo menos un elemento, de preferencia mujer, al lugar de los hechos, además de tener contacto directo con instituciones para apoyar a la víctima.
Una vez en el domicilio deberán hacer acciones como cesar la violencia, separar de inmediato a las víctimas de la persona agresora, impedir el contacto físico, verbal o visual, cerciorarse las condiciones de seguridad de las víctimas, cuidará la cadena de custodia detener a la persona agresora, en caso de flagrancia.
Si la víctima requiere atención médica se deberá solicitar el apoyo necesario, y de no ser así, informar de sus derechos, las medidas de protección que podrían dictarse, los servicios que ofrecen instituciones, la posibilidad de recibir asesoría legal, atención psicológica y social.
También se plantea que la policía de género debe estar perfectamente identificable, generar confianza para que la ciudadanía perciba una sola policía independientemente de su ámbito, unificar su identidad, perfiles, capacidades, habilidades, adecuar su colorimetría en uniformes y patrullas pintadas en azul cobalto metálico y blanco con aplicaciones en rosa neón.
