El campo mexiquense no sólo sufre por la pérdida de suelo, falta de productividad, intermediarismo excesivo, encarecimiento de precios; sino también por la inseguridad, extorsiones, “cobros de derecho de piso” sobre todo en municipios del sur de la entidad; además de precarización, informalidad laboral, falta de apoyos, uso de agroquímicos y escasez de agua, de acuerdo con el Plan de Desarrollo del Gobierno del Estado de México 2023- 2029.
De hecho, según el Registro Público de Derechos de Agua, de 785 concesiones de aguas subterráneas para uso agrícola registradas para el Estado de México, al menos 110 terminaron utilizándose para zonas habitacionales e industriales con los cambios de uso de suelo, y ahora, la entidad es la de menores concesiones de agua para uso agrícola, en comparación con el abastecimiento público e industrial.
Las concesiones que se dieron para uso agrícola en territorio mexiquense ahora benefician a industrias, empresas de servicios, ranchos de descanso, fraccionamientos, centros religiosos, predios urbanos, e incluso a instalaciones gubernamentales.
Adicional a eso, de las ocho presas destinadas a la actividad agrícola, ninguna ha llegado a su máxima capacidad en los últimos cinco años.
Objetivos
El Gobierno del Estado de México busca ofrecer seguridad a las personas productoras del campo y entregar apoyos como un programa de trabajo suplementario para familias agrícolas; un proyecto de impulso al ingreso complementario, a través de valores añadidos a las actividades agropecuarias y forestales; y un programa de apoyo a la producción y comercialización florícola.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo de la actual administración estatal, uno de los proyectos prioritarios es potenciar la autosuficiencia agroalimentaria, e impulsar la equidad y eficiencia de las cadenas agropecuarias para enfrentar el decrecimiento de la actividad agrícola, principalmente en la siembra de maíz y fortalecer los cultivos.
También promover el financiamiento y la asistencia técnica en la ganadería, apoyos económicos para actividades del campo, subsidios para comprar insumos agrícolas, pecuarios y acuícolas, transferencias de tecnología, capacitaciones, acompañamiento técnico y la vinculación con cadenas productivas.
Además, se buscará la transición hacia métodos de riego más amigables para tener una agricultura más saludable y sostenible con la capacitación; la rehabilitación y construcción de pozos, obras de modernización, conservación del suelo, revestimiento y entubamiento de canales.
Rescate
En el rescate al campo, el Plan de Desarrollo señala la necesidad de mejorar la infraestructura de producción como un componente esencial para facilitar la movilidad de productos, garantizar el acceso equitativo a mercados con unidades productivas participativas y solidarias, especialmente para mujeres productoras.
De igual forma, fortalecer comunidades agropecuarias, cadenas productivas, asistencia técnica para comercializar productos, fomentar el comercio e impulsar cadenas regionales de producción y comercialización.
Diagnóstico
El plan destaca que aún cuando el Estado de México se ubicó en el puesto 16 en producción agrícola, esa actividad se ha precarizado y hay informalidad laboral del sector primario, pues de 286 mil 407 trabajadores de ese sector, solo 10 mil 806 están afiliados al IMSS; el 12% realiza sus actividades sin pago, 56% es asalariado sin prestaciones sociales y el 33% por cuenta propia.
No obstante, la entidad mexiquense ocupa el primer lugar en producción de flor y de tuna, el tercero en producción de aguacate y maguey pulquero, el quinto en cebada y el octavo en maíz y agave.
No obstante, las autoridades advierten la pérdida de suelo a causa de la erosión, los métodos tradicionales de cultivo y el uso de agroquímicos que impactan la productividad y la salud de las personas campesinas, sus familias y consumidores.
Otro problema es el excesivo intermediarismo que acapara el transporte y la comercialización.
Inseguridad
El gobierno admite que la inseguridad, el delito de extorsión y el cobro de piso se han extendido al sector primario, generando aumentos en los precios de venta y merma en las ganancias.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo, el cobro por hectárea a productores pecuarios y agrícolas se ha registrado en mayor magnitud en municipios del sur como Sultepec, Texcaltitlán, Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas y Villa Guerrero; con lo cual se vulnera la economía de agricultores y se provoca la venta de sus bienes inmuebles, maquinaria agrícola, e incluso, el abandono de tierras de cultivo y la venta de ganado.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se han abierto carpetas de investigación por robo de ganado, de herramienta agroindustrial y de tractores; lo cual ha impactado en una disminución de ventas, de renta de tierras de cultivo, en la producción, en rentabilidad, y el intermediarismo forzado, donde productores venden su producción a un solo comprador vinculado grupos criminales y aumento de precios.
Por ello, el plan advierte la necesidad de fortalecer las corporaciones de seguridad, blindar los controles de confianza de policías municipales y estatales, capacitarlos y equiparlos, vigilar cadenas productivas y de comercialización.
Acciones
El gobierno estatal estableció como objetivo impulsar el campo como motor de bienestar social y económico, con la estrategia de potenciar la productividad agropecuaria y forestal con prácticas sostenibles y nuevos incentivos económicos hacia la soberanía y autosuficiencia alimentaria.
Entre las acciones que plantea se encuentra capacitar a agricultores en tecnologías innovadoras, la entrega de programas de apoyo, impulsar la agrotecnología, promover la investigación aplicada y alianzas para intercambiar conocimientos con experiencias productivas, establecer centros de innovación agrícola, preservar la identidad cultural agrícola con semillas nativas y prácticas tradicionales, impulsar la creación y mejoramiento de infraestructura hídrica y la producción agroindustrial sin agrotóxicos.
Asimismo, promover unidades productivas participativas y solidarias, fomentar la economía circular, una comercialización directa entre productores y consumidores, instrumentar proyectos y apoyos, incentivar la seguridad entre productores del campo y del bosque con cadenas productivas justas y el mercado corto, brindar seguridad a productores del campo y convenios de colaboración con instituciones científicas y académicas para impulsar la sostenibilidad del campo.
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