Parlamentarias y parlamentarios de la Comisión de Igualdad Sustancial, Diversidad y Política de Género, dentro de los trabajos del Parlamento Abierto, se enfrascaron en una discusión por el tema de la identidad de género.
La comunidad LGBT+ advirtió la necesidad de impulsar reformas que permitan la rectificación de actas de nacimiento y explicaron que en estos momentos no se les respetan sus derechos, ni tienen acceso a servicios como educación, salud, ni trabajo.
Las personas que se manifestaron en contra advirtieron que el tema es de ideologías, afectaría a las mujeres, pues perderían espacios que ocuparían hombres; rebatieron que se nace mujer u hombre y que de avanzar la propuesta habría riesgos de abusos para las y los menores.
Durante la primera parte de la comisión para constituir una nueva Constitución, Nancy Aguilar Anaya planteó reformas para impulsar una mayor participación del padre en la crianza de los hijos adolescentes, priorizar la realidad social del menor por encima de la biológica y garantizar la igualdad de oportunidades entre la madre y el padre para tener la patria potestad.
Clara Leonor Vega Almaraz planteó ajustes para proteger a la madre y al menor en estado de gestión y sancionar el abandono de la mujer en el embarazo, a fin de garantizar que el padre apoye el embarazo, la atención médica de la madre y los alimentos del menor.
Quienes estuvieron en contra advirtieron que la propuesta busca un candado legislativo en el tema del aborto, aunque respaldaron que se garantice el servicio médico y los alimentos a la madre y al hijo.
La mayoría consideró que se debe apoyar a ambos, pero después se generó un debate por el procedimiento y el hecho de que algunas personas emitían sus comentarios en el chat de zoom.
Identidad de género
Integrantes de la comunidad LGBT+, entre ellas Tania Vázquez, propusieron reformas para la rectificación de actas de nacimiento, a fin de lograr el reconocimiento de la identidad de género, lo cual generó un amplio debate.
En contra hubo voces para señalar que se trata de una ideología que se quiere imponer, viola los derechos de las mujeres, pues perderían espacios. Negaron odiar a esas personas, pero aseguraron que también habría problemas administrativos con los cambios de actas.
Quienes estuvieron a favor resaltaron que se deben reconocer los derechos para evitar que se violen los de la comunidad trans. Afirmaron que actualmente les violan sus derechos, pues no tienen acceso pleno a educación, ni a justicia, ni a salud, ni oportunidades de empleo; por lo cual pidieron legislar en ese tema.
También señalaron que tanto la Suprema Corte de Justicia, como la Corte Interamericana han reconocido esos derechos y descartaron que pueda haber un mal uso de la reforma; defendieron la necesidad de dejar de violentarlos, de reconocer la violencia hacia la comunidad trans y aclararon que no vienen a quitar nada a nadie, sino a exigir el reconocimiento de sus derechos.
Agregaron que no son ideologías, ni sentimientos, sino una realidad social que se debe reconocer, como ya lo ha hecho la Corte Interamericana, y de no modificarse la normatividad, vendrán amparos.
Quienes están en contra argumentaron que la reforma podría abrir la puerta a abusos hacia menores, e incluso a mujeres; aseguraron que se afectarían derechos de minorías indígenas y en nombre de la diversidad los hombres tomarían espacios que las mujeres han ganado.
Añadieron que habría vacíos legales que se podrían aprovechar, e incluso hubo quien consideró que no son derechos, sino prerrogativas y el tema de fondo era el dinero de grandes empresas.
También afirmaron que se podrían generar crímenes y dejar en vulnerabilidad a las mujeres, mientras del otro lado hubo peticiones de dejar cuestiones religiosas y centrarse en lo jurídico. Tras un largo debate se generaron 55 consensos, 42 disensos y 7 abstenciones.