Las Comisiones Unidas del Congreso local aprobaron por unanimidad la Ley Justicia Cívica del Estado de México y Municipios conforme a las iniciativas presentadas por separado por las legisladoras Karla Aguilar Talavera (PRI) y Azucena Cisneros Coss (Morena), después de recibir los comentarios y propuestas del Poder Judicial, a través de Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Conforme al dictamen expuesto en reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia por el legislador Gerardo Ulloa Pérez (Morena), el nuevo ordenamiento ley tiene por objeto promover el acceso a la justicia cívica y regular su funcionamiento en los municipios mexiquenses, establecer normas mínimas de comportamiento cívico que permitan garantizar el respeto a las personas y sus bienes, además de mejorar la convivencia social y mantener el orden público.
Establece la clasificación básica de las conductas que constituyan infracciones administrativas, las sanciones, los procedimientos para su imposición y para regular la actuación de las y los servidores públicos responsables, además de instituir en los municipios los medios alternativos de solución de controversias cívicas.
En su momento, la diputada Karla Aguilar expuso que el nuevo ordenamiento contribuirá con la restauración del tejido social, cerrar el paso a la impunidad y consolidar la cultura de la legalidad y la paz entre las y los mexiquenses. Resaltó las aportaciones del Poder Judicial sobre mediación y conciliación, constitucionalidad de las infracciones, lineamientos generales para el debido proceso, justicia para adolescentes y la posible consulta a comunidades originarias y personas con alguna discapacidad.
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Indicó que la justicia cívica es una política nacional implementada con éxito en algunas entidades en el marco del Modelo Homologado de Justicia Cívica, y que tras un año de trabajo se logró diseñar un modelo innovador que establece las reglas básicas para mejorar el día a día en la comunidad cuya mayor demanda es la paz, y que permitirá a los municipios contribuir gracias a un enfoque que privilegia la agilidad procesal por encima de los formalismos burocráticos; la reparación del daño por encima de la sanción económica y, sobre todo, la mediación y conciliación en lugar de la confrontación estéril.
A su vez, el diputado Braulio Álvarez Jasso (PRI) consideró que las municipalidades deben atender estas conductas en primera instancia, porque se evita que escalen a otras dimensiones y otros ámbitos. Señaló que el modelo da resultados en las entidades donde ya se aplica. Destacó que también se recibieron propuestas de las secretarías de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, y que en el caso de los municipios ya operan las oficinas conciliadoras que deberán convertirse en juzgados cívicos.
La diputada María Isabel Sánchez Holguín (PRI), quien recordó que en México 62 por ciento de las personas mayores de 18 años consideraban inseguro vivir en su ciudad, destacó que esta ley sentará las bases para acceder de manera efectiva a mecanismos de solución a conflictos cotidianos.
El legislador Gerardo Ulloa Pérez (Morena) agradeció las aportaciones del Poder Judicial para enriquecer el decreto final, en tanto que la legisladora Karina Labastida Sotelo preguntó si se consultó con la Consejería Jurídica del gobierno estatal y si los municipios cuentan con recursos para su aplicación.
En su oportunidad, el magistrado Ricardo Sodi reseñó sus aportaciones y destacó la oportunidad de este nuevo ordenamiento toda vez que el Poder Judicial prepara también una reforma integral del Código Penal para adelgazarlo retirando varias conductas que hoy se consideran delitos, pero pueden quedar en el ámbito de las faltas administrativas.
Esta ley, abundó, contribuirá a la restauración del tejido social y a la construcción de políticas integrales en materia de seguridad. Refrendó la disposición del Poder Judicial de colaborar con el Congreso mexiquense en todas las acciones que signifiquen un bien a la sociedad y el estado, como en este caso en que, si bien el ámbito de actuación de la Ley de Justicia Cívica es esencialmente municipal, emitieron observaciones, aportaciones y sugerencias.
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