Al complicado proceso para el Dictamen de Giro ahora se suman las cédulas de zonificación, las cuales pueden tardar un año o 18 meses para expedirse en el Estado de México.
Jesús Espinoza García, especialista en Valuación Industrial y de Bienes Nacionales, aseguró que las trabas para dicho trámite son por parte de los municipios mexiquenses.
“En muchas ocasiones encontramos trabas a nivel municipal para obtener las respectivas cédulas de zonificación, que es un documento que nos indica oficialmente qué uso de suelo tiene la tierra seleccionada para la inversión”, apuntó.
El especialista señaló que los 125 municipios mexiquenses tienen diferentes vocaciones que van desde la agrícola, comercial, ganadera, industrial, forestal, de servicios, habitacional, logístico, turístico hasta minera, entre otras.
“Este tipo de vocaciones municipales por desgracia han cambiado a través del tiempo por parte de las propias autoridades, ya que para los desarrolladores inmobiliarios de casas de interés social sigue siendo un boom las zonas del valle de Toluca y metropolitana, sin que este crecimiento -muchas veces desmedido- sea debidamente supervisado”, externó.
El también ex subdirector del Fidepar lamentó que en la actualidad, en lo que corresponde a la construcción de espacios industriales, ya sea para ubicar una sola empresa, parques o condominios industriales, la burocracia siga siendo un preocupante impedimento desde hace varios trienios y sexenios.
Asimismo, explicó que cuando los terrenos no cuentan con el uso de suelo industrial deben recurrir a solicitar el permiso municipal correspondiente para que con su visto bueno recurran a la Secretaría de Desarrollo Urbano estatal para dar inicio con la tramitología, la cual puede demorar 12 meses o más.
Aunado a ello, lamentó que exista una mala comunicación y coordinación entre las alcaldías y la Dirección de Desarrollo Urbano estatal, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos para el cambio de uso de suelo.
“Además del área de Desarrollo Urbano tenemos que recurrir a los municipios para obtener el alineamiento, número oficial, servicios de agua y drenaje o en su caso presentar para el servicio del vital líquido la compra de derechos autorizada por la Conagua, así como gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la carga de energía requerida”, detalló.
Finalmente, el especialista mencionó las trabas que colocan los mismos presidentes municipales; por ejemplo, para autorizar el cambio de uso de suelo, aunque éste tenga factibilidad.