El Instituto Nacional de Migración (INM), trasladó a un total de seis migrantes a Toluca, quienes proceden de Haití y Venezuela, con el objeto de atender sus necesidades básicas, así como regularizar su situación migratoria.
De acuerdo con este instituto, a los migrantes que fueron trasladados a la entidad mexiquense se les realizó su procedimiento administrativo migratorio y se les entregó su tarjeta de visitante por razones humanitarias, la cual tendrá la duración de un año.
Con dicho documento estas personas ya podrán trasladarse a donde quieran sin ningún problema, porque ya cuentan con una condición legal en el país, aunque algunos han pedido asilo en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Lo anterior, en atención a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de atender las condiciones en las que permanecía un grupo de personas migrantes en la plaza “Giordano Bruno”, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
Para ello, el INM realizó labores de convencimiento para trasladarlos a albergues y espacios de esta institución, por lo que estableció comunicación directa con cada una de las 432 personas extranjeras, para lo cual contó con el apoyo de agentes migratorios especializados en traducción.
Del global de personas, 83 aceptaron de manera voluntaria su traslado a los espacios migratorios del INM en los estados de Morelos (76) y México (6).
Mientras que nueve fueron trasladadas a las Oficinas de Regularización del INM en la Ciudad de México, y siete personas fueron trasladadas a un albergue en la Ciudad de México, entre ellas, tres menores de edad. Asimismo, de esas 99 personas, aceptaron recibir tarjeta de visitante por razones humanitarias (TVRH), la cual regulariza por un año su situación migratoria en el país, migrantes originarios de: Brasil con tres; Chile registró uno; Colombia cuatro; Ecuador con cinco; El Salvador uno; Haitì un total de 53; Honduras ; Nicaragua tres; Perú uno y Venezuela 17.
En lo que respecta a los demás decidieron retirarse por su propio pie debido a que contaban con documentos migratorios que acreditaban su condición regular en el país.
Es importante mencionar que en el lugar también se encontraban personas mexicanas que ocupaban el campamento para pernoctar
De igual forma, las personas extranjeras refirieron que pagaban una cuota a un dirigente territorial para tener un lugar en el campamento, que oscilaba entre los 200 y 600 pesos.
Finalmente, para llevar a cabo estas tareas, el INM trabajó en coordinación con la Guardia Nacional (GN), así como con el gobierno de la Ciudad de México y sus dependencias, entre las cuales se encuentran: la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC); la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
