Las últimas reformas aprobadas por la Legislatura mexiquense, entre ellas, la precisión de las atribuciones del titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) la Ley de Amnistía y la eliminación del Dictamen Único de Factibilidad (DUF) no han sido publicadas en Gaceta de Gobierno, y por tanto, no han entrado en vigor.
La falta de publicación, una obligación del Ejecutivo, retrasó el nombramiento de los titulares de las Direcciones de Investigación, de Sustanciación, de Resolución y de Auditoría para iniciar procedimientos de responsabilidad en la máxima casa de estudios.
El titular del OIC de la UAEMex, Victorino Barrios Dávalos tenía previsto tomar protesta a los titulares de esas áreas a más tardar el 18 de diciembre, pero como los cambios, aprobados por las y los legisladores locales no fueron publicados antes del periodo vacacional, no pudo hacerlo.
En un breve comentario, tras cuestionar si ya había hecho los nombramientos, Barrios explicó que no fue posible porque el Gobierno mexiquense no publicó las reformas, aprobadas por unanimidad en el Congreso local, antes del 18 de diciembre.
Esa falta de publicación coincide con el aplazamiento de la dictaminación del paquete fiscal 2021, por parte de la Legislatura mexiquense, el cual será analizado en periodo extraordinario el próximo cuatro de enero del siguiente año.
El pasado 16 de diciembre, en una reunión con las y los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de México, Victorino Barrios anunció que tomaría protesta a los titulares de las áreas encargadas de investigar, sustanciar y resolver procedimientos administrativos.
Las tres direcciones debieron ser creadas desde el año 2017, pero la UAEMex no lo hizo, incumpliendo la nueva Ley de Responsabilidades.
Las reformas que no han sido publicadas, en el caso del OIC, precisan las atribuciones del titular de ese órgano.
En el caso del DUF se otorgan mayores responsabilidades y atribuciones a los municipios para que emitan autorizaciones a giros de bajo impacto de los distintos negocios que busquen invertir en la entidad.
También está pendiente la Ley de Amnistía, una norma que ha sido exigida por personas Injustamente presas, sus familiares, organizacional y activistas ante la creación de falsos culpables para hacer justicia a quienes están en prisión, pese a ser inocentes.