Universidad de Chapingo presenta denuncia ante FGR por orden cateo en instalaciones

Autoridades de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los hechos ocurrido el pasado 5 de febrero en el plantel ubicado en Texcoco, donde personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aplicó una orden de cateo en el edificio de rectoría para detener al rector con licencia Ángel "N".

Adrián Regino, defensor del ahora rector Noe López Martínez, informó que acudió a la Ciudad de México y presentó la querella por abuso de autoridad, violación a la autonomía de la universidad y vulneración de los derechos humanos de los alumnos y docentes.

Detalló que elementos de la Fiscalía Regional de Texcoco, policías de la Secretaría de Seguridad y agentes de investigación de la FGJEM incurrieron en "actos arbitrarios".

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Aseguró que los oficiales iban armados y que ingresaron a los salones para cumplimentar una orden de aprehensión contra Ángel “N”, por la acusación de violación contra una alumna.

"Estamos denunciando ante la Fiscalía General de la República el delito de abuso de autoridad derivado del cateo que realizaron el 5 de febrero", señaló el funcionario.

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"Derivado de esa situación presentamos esta denuncia por este delito ante dichas actuaciones por ingresar a una universidad, la cual se ha señalado autónoma, con lujo de violencia y con portación de armas, ingresando a salones y todas las instalaciones, en un día que sabían era inhábil; sin embargo, esa circunstancia la hicieron ingresando de esa manera", destacó.

Cabe recordar que el día de los hechos, el personal que participó en el cateo, fueron encarados por estudiantes del plantel; por su parte, el rector con licencia Ángel “N” pidió un permiso de cuatro meses para enfrentar las acusaciones que se le imputan.

Hasta el momento no ha sido localizado ni detenido Ángel “N”, quién por medio de una comunicado aseguró que las acusaciones son falsas.

Por último el abogado confió en que el Ministerio Público de la Federación trabaje apegado al marco del Estado de Derecho.