La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) Amalia Pulido Gómez consideró urgente que grupos históricamente vulnerados lleguen a los espacios de toma de decisión y tengan voz en los Congresos y en los ayuntamientos para que la política pública sea sensible a sus demandas específicas.
Cómo parte de los 16 días de activismo contra la violencia de género y al encabezar la conferencia “Ser mujer trans. Una lucha contra la violencia de género” reiteró que desde el proceso electoral del 2018 existe un protocolo para garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación, y ese instrumento será obligatorio durante el proceso electoral 2024.
Pulido Gómez señaló que las personas que integran la población LGBTTTIQ+ han sido víctimas de discriminación estructural y estigmatización, lo cual es violatorio del principio de igualdad, pero además eso ha provocado afectaciones adicionales a derechos fundamentales, incluido el acceso a la educación, a un empleo bien remunerado, a la salud y a la participación y a la representación política.
No se trata, añadió, de problemas aislados que ocurren en el ámbito de lo público, pues esas formas tan arraigadas de discriminación y violencia ocurren en contextos que lo permiten y en algunos casos hasta potencian el riesgo de ocurrencia.
“Hay que recordar la importancia del derecho a la identidad de género, el cual contempla la posibilidad de que cada persona defina de manera autónoma su identidad y éste se encuentra protegido por la convención americana, a través de las disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, el reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho al nombre”, precisó.
Las personas de la diversidad sexual, subrayó, tienen derecho a ser visibles y a que se cuente su historia.
La consejera presidenta del IEEM recordó que la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género arrojó que en México una de cada 20 personas mayores de 15 años forma parte de la comunidad LGBTIIQ+.
Esa cifra, dijo, representa el 5.1% de la población total del país, es decir, 300 mil personas se identifican como transgénero o transexual, pero los números no cuentan el riesgo en que viven estas personas.
La organización letra S, agregó, reveló en su informe de 2022 que se registraron 87 muertes violentas de personas LGBTTTQ+, por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual, identidad o expresión de género y las mujeres trans fueron las víctimas más numerosas.
“Queda claro que hay mucho por hacer para revertir estas situaciones de violencia y exclusión”, advirtió y enfatizó la importancia de que todas las personas que quieran hacerlo puedan participar en los procesos comiciales, sin importar su identidad de género.
Recordó que desde el proceso electoral de 2018 existe un protocolo para garantizar a las personas trans el ejercicio del voto y sostuvo que en el Estado de México nadie se quedará sin sufragar por la falta de concordancia entre la expresión de género y la persona en la fotografía de la credencial para votar.
Consideró urgente que los grupos históricamente vulnerados lleguen a los espacios de toma de decisión y tengan voz en Congresos y municipios para que la política pública sea sensible a las demandas específicas.
Señaló que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo recomienda a los órganos electorales tener un contacto directo con las organizaciones de activistas para identificar las barreras que inhiben la participación y las mejores vías para desactivarlas.
El IEEM, aseguró, mantiene una interacción constante con algunas organizaciones mexiquenses y ha incorporado este grupo a la consulta que lleva a cabo, tras la cual deberá iniciar un amplio proceso de reflexión para pensar cómo fortalecer la representación de cara al proceso 2024.
“Sería más que justificado proponer acciones afirmativas si ello consigue visibilizar los liderazgos que ya tiene la comunidad de la diversidad. Su voz en los órganos de toma de decisiones es indispensable para cambiar el rostro de la política mexiquense, haciéndola más sensible a la pluralidad de voces, identidades y aspiraciones que tenemos en el estado más poblado del país”, afirmó.
Víctimas de violencia
Por su lado, Kenya Cuevas Fuentes, activista mexicana y defensora de los derechos humanos señaló que la expectativa de vida de las mujeres trans en México y en el mundo es de 35 a 40 años y la violencia hacia las mujeres trans es estructural por falta de educación, de oportunidades laborales, lo cual ha provocado que se enfrasquen en espacios donde la sociedad ha querido como: el trabajo sexual, el estilismo, el show travesti, la labor doméstica y la costura.
Advirtió la necesidad de vigilar que el INE y otras instituciones ayuden a vigilar los espacios de toma de decisiones porque en las acciones afirmativas de las elecciones pasadas encontraron muchas personas que se asumían como parte de la comunidad LGBTIIQ+, pero no representaban, ni escuchaban a la comunidad.
Dijo que no exigen privilegios, sino tener conciencia y educar sobre la identidad de género, y para eso, es necesario formar y educar a las instituciones, a fin de que no violen los derechos humanos de la comunidad.
