El visitador de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y exmagistrado de la Sala Toluca, Juan Carlos Silva Adaya advirtió la necesidad de integrar magistraturas indígenas, aprender a escuchar, a tener perspectiva pluricultural y cambiar la forma de hacer justicia, a fin de que juezas y jueces sean "todo terreno" y vayan a las comunidades y a los pueblos a escuchar los alegatos.
Durante el octavo coloquio sobre Pueblos y Comunidades Indígenas, organizado por la Sala Toluca del TEPJF, representantes de pueblos indígenas advirtieron la necesidad de ser incluidos en los cargos de elección popular. Reprocharon que los partidos políticos sólo los buscan cuando los necesitan y los han usado como botín y carne de cañón.
Por su lado, Silva Adaya, quien dictó una conferencia magistral, advirtió la necesidad de aplicar la Constitución, los tratados internacionales y las leyes locales, pero alertó que para que todo cambie se requiere modificar la integración de los órganos que imparten justicia e incorporar la visión de pueblos y comunidades indígenas.
De no ser así, añadió, habrá retrocesos y lecciones no aprendidas, como la invalidación de leyes, por no consultar a las comunidades, que ya ha sucedido en muchas ocasiones.
El especialista advirtió que se han reeditado errores y requieren integrar magistraturas indígenas para que todo cambie.
"Si seguimos con los mismos esquemas, vamos a obtener los mismos resultados", señaló y añadió que hay distintos grupos que requieren ser atendidos con perspectivas específicas y la Suprema Corte tiene protocolos, entre ellos la perspectiva pluricultural para pueblos y comunidades indígenas.
La consulta a esas poblaciones, dijo, no sólo debe darse en la construcción de los acuerdos y leyes; sino también en las sentencias, pues la forma de administrar justicia debe cambiar.
"Hay que descender de las alturas y escuchar a los pueblos y comunidades. Esa sentencia se debe construir de una forma distinta", advirtió.
En cada etapa procesal, dijo, se debe proceder con perspectiva pluricultural, en un análisis contextualizado y tener una adecuada defensa.
El magistrado presidente de la Sala Toluca, Alejandro Avante Juárez advirtió que se requiere avanzar hacia sociedades más justas y equitativas, como un paso fundamental para construir una mejor democracia, donde todas las voces sean escuchadas.
Consideró fundamental garantizar que todas las personas tengan acceso a la participación electoral, a la justicia y superar barreras como la discriminación, falta de información, la distancia física a los centros de votación y la representación adecuada, pues es responsabilidad de las autoridades y sociedad que las y los ciudadanos tenga la oportunidad de ejercer su derecho al voto.
El gobernador indígena nacional de la G.I.N.A.C. Antonio González Gutiérrez destacó que desean ser incluidos en la toma de decisiones del país. "Los pueblos indígenas lo que deseamos hoy es ser incluidos en la toma de decisiones de este hermoso país en la parte política, económica, social. Queremos jugárnosla con este país".
Pidió que les sigan abriendo las puertas y destacó la necesidad de seguir democratizando las instituciones para que haya inclusión de líderes de pueblos indígenas.
La mayoría de sus cargos, explicó, han sido honoríficos como delegados, comisariados, mayordomos, presidentes de consejos, de sociedad de padres de familia, de comités, asociaciones civiles o comités de agua y lamentó que no los volteen a ver para ocupar espacios; por lo cual deben integrarse desde las bases.
Los conocimientos ancestrales, dijo, deben prevalecer y afirmó su disposición a seguir dialogando.
El magistrado Fabián Trinidad Jiménez destacó la importancia de platicar sobre temas importantes para las comunidades indígenas como los derechos humanos, sentencias relevantes, la justicia electoral y las acciones afirmativas, a fin de sumar para impartir una justicia igualitaria y cercana a la realidad humana.
En las mesas de trabajo distintos ponentes destacaron la necesidad de derribar obstáculos, de crear un nuevo contexto, donde todas las personas hagan valer sus derechos.