Es “urgente” que el Congreso del Estado de México proporcione un marco jurídico al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) con el cual se prevengan desfalcos y también se castigue a aquellos que no reporten las cuotas de seguridad sociaL, así lo consideró Jorge A. Díaz Galindo Hurtado, presidente de la Asociación Nacional para la Promoción, Atención y Defensa de los Usuarios de la Seguridad Social.
El también oficial mayor de la Federación de Trabajadores del Estado de México (CTM) calificó la situación por la que atraviesa ese instituto como una “desgracia social”, pues señaló que las pasada administraciones estatales se dedicaron a “malgastar” el patrimonio y los recursos de esa institución, que desencadenó en la actual crisis.
Explicó que la situación actual del ISSEMyM derivó, entre otras cuestiones, de las deudas que registran, por ejemplo, los ayuntamientos mexiquense cuando éstos en su momento no ingresaron a las arcas del instituto los recursos que se les descontaban a los servidores públicos municipales por el rubro de seguridad social “se los robaron”, comentó.
Cuando no se reportan las cuotas, señaló, en el caso de la seguridad social privada como el IMSS, constituye un delito penal, “un fraude”, el cual se sanciona con cárcel.
Es decir, explicó, cuando se da el caso de que los patrones descuentan al trabajador sus cuotas y no lo reporten al Seguro Social “después de un procedimiento se convierte en una defraudación fiscal con castigo penal”. Actualmente, aseveró, en el caso del ISSEMyM, no se castiga.
Díaz Galindo Hurtado planteó la necesidad de que también se emita una ley dinámica que permita al Gobierno estatal, a los ayuntamientos y los organismos autónomos garantizar oportunamente las cuotas para que los trabajadores a punto de pensionarse, puedan recibir sus pagos.
Asimismo, urgió a que se lleve a cabo una campaña donde se informe que las pensiones de las y los trabajadores está garantizada pues resaltó que se trata de un derecho constitucional. En el caso de que el ISSEMyM no contará con recursos para las pensiones, el Estado mexicano, de índole federal o estatal, tendría la obligación de proporcionar esos recursos, sostuvo.
Confió también en que la administración de la gobernadora Delfina Gómez tenga como prioridad la atención de la situación actual de ese instituto da seguridad social de las y los trabajadores del Gobierno estatal, de los ayuntamientos, de organismo autónomos, así como del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, el cual estimó en un universo de 2.2 millones de trabajadores, que se eleva, con sus familias, a poco más de 5 millones de derechohabientes.
“No es justo que miles de familias al servicios del estado de México pudiesen tener esa incertidumbre”
