Toluca, México.- La Universidad Autónoma del estado de México (UAEM) dio a conocer su propuesta de reforma a la Ley universitaria donde se incluye la figura de la “ratificación” del cargo del rector, de los directores de los planteles, coordinadores de dependencias académicas y de investigación y la prohibición de entregar reconocimientos a quienes ostenten cargos públicos.
La ratificación sería para el periodo inmediato siguiente, por una sola ocasión, y en el caso del rector y de los directores, siempre y cuando tengan el apoyo mayoritario de cada uno de los tres sectores de la comunidad universitaria y prevé que no podrá ser rector quien haya sido sancionado por falta administrativa o universitaria.
Sin embargo, también se aclara, a través de los artículos transitorios, que la ratificación no aplicaría a las autoridades que ostenten esos cargos antes de la fecha de la entrada en vigor de la Ley.
La propuesta de reforma precisa que no se entregarán reconocimientos a quienes ostentes cargos públicos e incorpora varias atribuciones a la UAEM, entre ellas: la posibilidad de implementar acciones o mecanismos tendientes a “prevenir, detectar y sancionar actos, hechos u omisiones constitutivos de corrupción, así como aquellos que impliquen responsabilidad universitaria o administrativa”.
Además, contempla promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal y una participación equitativa de mujeres y hombres en todos sus ámbitos, promover el principio de sustentabilidad en los planes, programas y servicios y aplicarlo como criterio en sus prácticas, dar mayor voz a las preparatorias e incluir como consejeros a representantes de centros universitarios.
También amplía las facultades del consejo universitario, entre ellas, para nombrar y remover al contralor universitario, acordar la contratación de un despacho para realizar auditorías externas, crear y modificar las regiones en que se integran los centros universitarios, nombrar y remover a los defensores de derechos universitarios.
Además propone que pueda autorizar la incorporación y cancelación de estudios, analizar estrategias para dar seguimiento a la administración de los recursos, garantizar la transparencia y rendición de cuentas, acordar el otorgamiento de reconocimientos y estímulos, aprobar planes, programas, acciones e informes de vigilancia y control de la administración patrimonial y presupuestal de la universidad
La iniciativa aprobada por el consejo universitario en junio del año pasado tiene pocas coincidencias con la presentada por el grupo parlamentario de Morena, pero prevé que el rector debe publicar su #3de3, es decir, sus declaraciones patrimonial, de intereses y de impuestos.
Propone sancionar corrupción y obligación de ser auditada
Además, precisa que la máxima casa de estudios se someterá a las auditorías que determine el Gobierno federal y el estatal, detalla las facultades de la defensoría de Derechos Universitarios, encargada de promover, difundir y salvaguardar los derechos humanos y universitarios.
La iniciativa prevé sanciones a quienes incurran en faltas por responsabilidades administrativas o universitarias, advierte que la academia debe, entre otras cosas, promover una conciencia de compromiso, solidaridad social y de sustentabilidad de la vida en el planeta, además de la garantía de las libertades de cátedra y de investigación.
Además, incluye más requisitos para ser rector, entre ellos; no haber recibido sanción por causas graves de responsabilidad universitaria o administrativa o condena mediante sentencia firme y ejecutoriada por delito doloso que amerite pena.
Mientras la propuesta de Morena pide incluir que tenga posgrado en una universidad pública, la propuesta de la universidad solo señala que el grado sea otorgado por escuela de educación superior reconocida por la SEP.
Se integra como parte del patrimonio la producción científica, tecnológica, artística y de innovación generada por integrantes de la comunidad universitaria en el ámbito de su desempeño, así como por la propiedad industrial y por los derechos de autor.
También se incluye que cualquier integrante de la comunidad universitaria que intervenga en proyectos de investigación científica, innovación, desarrollo y transferencia de tecnología podrá participar de las regalías que se generen.
Plantea que la comunidad universitaria se vinculará a agentes públicos, privados y sociales para producir conocimiento original y trascendente, aplicaciones innovadoras, con base en mecanismos transparentes de financiación y evaluación.
Se establece que la universidad contribuirá al desarrollo social y territorial, a la disminución de las desigualdades sociales, al fortalecimiento de la equidad y al respeto a la diversidad, precisa que el consejo universitario deberá atender el principio de paridad y establece como integrantes del consejo a dos representantes del alumnado de cada facultad, escuela, instituto, región de los centros universitarios y preparatoria.