En el 2004 inició en el Estado de México empresas inmobiliarias y desarrolladoras iniciaron la construcción de vivienda barata en los municipios del valle de México; miles de familias llegaron a habitar conjuntos habitacionales sin servicios públicos y falta de agua.
Vecinos del fraccionamiento Hacienda Balboa, ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli denunciaron estas anomalías así como a ex presidentes municipales.
“Nosotros pensábamos que habíamos comprado una vivienda segura, pero nos dimos cuenta de que habíamos sido víctimas de un fraude porque las casas se construyeron con materiales de mala calidad, las paredes se estaban cuarteando y se levantaba el aplanado”, explicó Carlos Javier Carreño, quien fue desalojado de su patrimonio.
El Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, inició las denuncias formalmente por la corrupción inmobiliaria que había en el municipio de Tecámac y luego en Cuautitlán Izcalli así como otros municipios.
Actualmente este organismo social cuenta con dos denuncias, una del fuero común y otra federal, en donde aparecen los nombres de ex funcionarios mexiquenses.
José Humbertus Pérez Espinoza, dirigente de este frente, asegura que en el Estado de México opera un cartel inmobiliario donde participan jueces, alcaldes, notarios públicos, entre otros funcionarios.
Asegura que en el Estado de México se han visto afectadas 700 mil familias y 392 conjuntos habitacionales por la entrega viviendas con vicios ocultos.
Comenta que los fraccionamientos clandestinos son provocados por los servidores públicos, porque sin tener autorización y facultades permiten actos que perjudican al municipio como fue el caso de Cuautitlán Izcalli donde se aprobó la devolución de las fianzas sin haber exigido a los constructores la entrega de las obras de urbanización.
“Podemos hablar de los conjuntos habitacionales de Toluca, Los Héroes Tecamac, qué es el más grande y conjuntos urbanos que se localizan en Texcoco; pero principalmente los de Tecamachalco porque fue donde más poblaciones creció “señalo.
En conferencia de prensa afirmó que el 60 por ciento de las casas deshabitadas en conjuntos habitacionales han sido invadidas en ciudades importantes como Toluca, en el Satín y otros construidos por ARA y se han convertido en casas de seguridad para el secuestro y delitos de alto impacto.“En Villas Real llegaron este tipo de personas que cometen diversos delitos.”
Dijo que el fraude cometido es de 183 mil millones de pesos por falta de aplicación de las garantías de los conjuntos urbanos que en lugar de aplicarlas al municipio, los gobiernos estatales se las devolvieron a los particulares y a los constructores con el consentimiento de los operadores del crimen inmobiliario en el Estado de México que son los ex gobernadores.
Este dinero, asegura José Humbertus Pérez Espinoza, lo utilizaron para dos campañas presidenciales electorales: la de Arturo Montiel y la de Enrique Peña Nieto.
En estos hechos también se ven involucradas las empresas: Urbi Desarrollos Urbanos, Sadasi, Homex, Geo y Ara; además de sofoles como Patrimonio, Hipotecaria su Casita, Ingeniería hipotecaria, Hipotecaria Money, Hipotecaria Nacional Grupo Financiero BBVA Bancomer, Crédito y Casa, Deutsche Bank México, el Infonavit, Fovissste y la Sociedad Hipotecaria Federal.
Por último mencionó que aunque hay delitos federales que están acreditados y averiguaciones previas, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República no quiere consignar las averiguaciones previas, para iniciar una investigación al Cartel Inmobiliario del Estado de México.
