Toluca, México.- El Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad enfrenta problemas para caminar.
Aunque desde 2012 fue aprobada la Ley que lo crea, a la fecha adolece de los recursos humanos y materiales suficientes para su funcionamiento.
El director del Instituto, Luis Roberto Ortiz Ortega, informó que cuentan con una plantilla de 10 personas entre analistas, personas de servicio social, dos jefes de proyecto y una secretaria, con lo cual no se dan abasto para cumplir con los objetivos institucionales.
Informó que para 2018 les fue autorizado un presupuesto aproximado de 6 millones 400 mil pesos, por lo cual están solicitando una ampliación para llegar a casi los 16 millones.
El Instituto, que está sectorizado a la Secretaría de Salud, deriva de la Ley para la Protección Integral y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, misma que fue promulgada en agosto de 2012, sin embargo, con el argumento de preparar las condiciones para su aplicación, esta normatividad entró en vigor hasta el primero de enero de 2015.
El funcionario estatal aclaró que el instituto tampoco comenzó operaciones en ese año, pues esto ocurrió hasta hasta mayo de 2016 y con poco personal.
De acuerdo con la citada Ley, el referido instituto tiene como funciones coordinar y dar seguimiento continuo a los programas, acciones y mecanismos interinstitucionales públicos y privados, que permitan la ejecución de las políticas públicas para la protección de las personas con discapacidad.
Ortiz Ortega apuntó que los programas son diversos.
“Pero la realidad es que nos hace falta suficiente personal para darlos a conocer e ir avanzando, por ejemplo, en lo que corresponde a la capacitación, aplicación correcta de los términos y en la cultura en la materia, superando los calificativos de inválidos, ciegos y discapacitados”, explicó.
Entre los objetivos de la dependencia, subrayó, también está el empoderar a este segmento de la población entre la sociedad, procurando un mayor respeto.
No obstante, reconoció que el mismo edificio en donde operan, ubicado en la avenida Juan Aldama de la capital mexiquense, no cuenta con las condiciones idóneas para que las personas con alguna discapacidad puedan desenvolverse.
”No tenemos lo necesario para que una persona con ceguera total pueda desplazarse sin ningún tipo de problema. Anteriormente laboraba en una área de derechos humanos, tenía lo elemental, pero aquí no, y ya estamos trabajando para revertir esta situación”, aseveró Ortiz Ortega, quien es invidente.
Refirió que recientemente la Legislatura local les hizo un exhorto a los municipios para abarcar el tema de la accesibilidad, pues este rubro se ha reducido únicamente a la colocación de rampas, cuando el término debe ser mucho más amplio, tomando en consideración los temas tecnológico y de atención.
Otro aspecto preocupante, explicó, está relacionado con la capacidad jurídica de este segmento de la población.
