Abogados la defensa de la activista Kenia Hernández advirtieron que existe una "cacería de brujas" en contra de ella, pues la han criminalizado, al parecer por las protestas que ha realizado, y han violado sus derechos de manera permanente; por lo cual llamaron a cesar la criminalización.
Durante el comentario al informe de observación de American Bar Association (ABA) sobre uno de los juicios en México contra Hernández, especialistas anunciaron que apelarán la sentencia de más de once años de prisión y resaltaron que una organización internacional exhibió fallas y abusos del sistema judicial.
También denunciaron patrones seguidos para las autoridades para detener arbitrariamente a activistas, acusarlos de delitos como robo con violencia y ataque a las vías de comunicación, los llevan a centros de alta seguridad, como a ella, quien está presa en el CEFERESO de Morelos, sin respetar instrumentos internacionales, ni aplicar la perspectiva de género, como posible represalia por su activismo.
La organización ABA, señaló Fabiola Vite, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, cuenta con unos 400 integrantes y acaban de presentar un informe donde advierten diversas irregularidades y violaciones, pues sus abogados siguieron el proceso a Hernández en Ecatepec por el robo de un celular.
El informe dio una calificación de D y tiene un impacto importante a nivel internacional por la calidad de sus expertos.
El abogado de Grupo de Acción por los Derechos Humanos, David Peña, señaló que el informe se hizo con base en estándares internacionales y por un solo proceso de los 10 que se le siguen a Kenia, y en el documento determinaron violaciones a estándares de derechos humanos como la presunción de inocencia y otros instrumentos internacionales.
El informe, destacó, lo emitió una instancia internacional sin relaciones políticas con nadie y prevén que el Estado Mexicano lo descalificará, pues hay procesos estatales y federales que se le siguen a la activista.
Destacó que entre otras cosas se exhibe que Kenia no tuvo comunicación privada con su abogado, pese a ser parte del derecho a una defensa adecuada establecido en la Constitución y en estándares internacionales.
Durante el evento mostraron un vídeo donde el juez pregunta si han tenido comunicación y le responden que no; por lo cual les da 15 minutos, que, advirtió Peña, son insuficientes para establecer una estrategia.
También resaltó que de acuerdo con el informe, para la condena el juez básicamente se basó en testigos que identificaron a Kenia tras buscar en internet a integrantes del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, pero no hay pruebas de que ella estuviera en el lugar de los hechos, pero sí elementos de que estaba en otro estado; por lo cual se advierte una criminalización contra la activista.
En el proceso, resaltó, cuando Kenia habla en su idioma amuzgo, el juez le exige hablar en español.
Irving Barrueta, integrante del equipo de defensa de Kenia Hernández, señaló que han encontrado represión, violaciones a la Constitución y a otros instrumentos internacionales y se han inatendido por parte del Estado de México las obligaciones de garantizar la perspectiva de género.
Además, añadió, no han tenido comunicación con ella más que por teléfono y solo por 15 minutos y se ha demostrado que ella no estuvo en el lugar de los hechos por el delito del que la acusan.
El Estado, señaló, quiere reprimir a Kenia por ser activista y defensora de Derechos Humanos, pues la sentencia fue sin pruebas y ante el juez que la condenó hicieron valer la petición de que la trasladaran al Estado de México para que estuviera presente en el juicio, pero el juez se negó: argumentó que no tenía la facultad y el CEFERESO de Morelos consideraba que podría haber un operativo para rescatarla, aún cuando su salud estaba en riesgo.
También comentó que hay movimientos en Acapulco que realizan manifestaciones y son utilizados contra Kenia, aún cuando no tienen nada que ver con ella.
Marcos Zavala enfatizó que Kenia es una defensora de los derechos humanos y ha utilizado medios legales para realizar su derecho a la manifestación, pero contra ella han incurrido en uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y otros patrones de terror.
De hecho, dijo, primero la llevaron al Altiplano, a donde internan a narcos y a los criminales más sonados y en los últimos años ha sido constante acusar a activistas de delitos como robo con violencia y ataque a las vías de comunicación, sin importar el gobierno que esté al frente, para frenar la defensa de los derechos humanos y hay altos niveles de impunidad.
También destacó que existen patrones de criminalización hacia defensores que se repiten y no se ven cambios, pues, como a Kenia, los mandan a prisiones de alta seguridad y la última reforma para inhibir el derecho a la protesta social solo sirve a intereses privados.
Peña señaló que el informe de ABA no tiene un impacto jurídico directo, pero los elementos son utilizados para apelar la sentencia
Fabiola Vite precisó que el subsecretario Alejandro Encinas dijo que los procesos contra Kenia son un problema de justicia, pero Vite advirtió que el Poder Judicial no funciona a nivel local, ni federal, aunque sí criminaliza a una mujer indígena, en un ambiente donde las mujeres sufren hostigamiento con un mensaje claro de que no deben protestar, ni manifestarse. "Es una cacería de brujas", sostuvo.
La defensa anunció que el viernes cinco de agosto habrá una movilización a favor de Kenia Hernández.
