Un juez federal otorgó al gobernador de Tamaulipas, Francisco N, suspensión provisional en contra de cualquier orden de aprehensión en su contra, con lo que la FGR no podrá concretar la orden de detención librada, a menos que se trate de delitos graves.
Faustino Gutiérrez Pérez, titular del juzgado Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, señaló que el mandatario estatal todavía tiene fuero, ya que el motivo del amparo que promovió es determinar “si se cumplió o no el procedimiento” para el desafuero del gobernador.
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La suspensión provisional es para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y no sea privado de la libertad.
“Por lo mismo, se decreta la interrupción de la ejecución de cualquier mandato de captura girado en su contra, por lo que el citado agraviado no deberá ser privado de su libertad personal, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva” señaló.
La semana pasada, el senador Ricardo Monreal indicó que la FGR obtuvo orden de aprehensión en contra del mandatario tamaulipeco
Previo a su desafuero el pasado 30 de abril por la Cámara de Diputados, el juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal le negó una suspensión definitiva en contra de una posible orden de captura, en caso de ser desaforado, como parte de las investigaciones que el Ministerio Público lleva a cabo y que sirvieron de base para presentar solicitud de desafuero a la Cámara de Diputados.
El mandatario también solicitó acceso a la carpeta de investigación en su contra argumentando que el Ministerio Público le negó una defensa de la carpeta de investigación.
Gutiérrez Pérez determinó que en el término de cinco días, la defensa del mandatario deberá exhibir una garantía de 100 mil pesos y fijó el 7 de junio para la siguiente audiencia.
El juzgador señala que el mandatario estatal todavía tiene fuero, ya que el motivo del amparo que promovió es determinar “si se cumplió o no el procedimiento” para el desafuero del gobernador.
“El fondo del amparo cuya materia de estudio debe ser preservada en este incidente de suspensión será precisamente determinar si se cumplió o no el procedimiento para la privación de la inmunidad procesal como requisito de procedibilidad previo al ejercicio de la acción penal contra el Gobernador quejoso, pues una vez superado dicho obstáculo constitucional, podría jurídicamente y solo hasta entonces abordarse el análisis del diverso mandato de captura que también se reclama”, señala.
También menciona que deben armonizarse ambas figuras jurídicas, la votación del Congreso de Tamaulipas y la votación en la Cámara de Diputados respecto al desafuero para procesar al funcionario, ya que el éxito del proceso penal en su contra dependerá, en principio, del previo retiro legal de la inmunidad procesal inherente a dicho cargo público.
Ayer, el asesor jurídico de esta administración estatal, Abelardo Perales, confirmó la existencia de un recurso de amparo e incluso aseguró que era imposible que el mandatario tamaulipeco pudiera ser detenido.
"Es imposible -que lo detengan- porque le van a dar la suspensión -ya se aplicó un amparo-, ya hay un amparo y hay una controversia", declaró el funcionario.
Al gobernador solo se le ha visto en fotografías difundidas en sus redes sociales donde se encuentra trabajando con su gabinete desde la Casa de Gobierno, inmueble que permanece bajo la vigilancia del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes).
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