El ministro Luis María Aguilar Morales presentó ayer a sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el proyecto con el cual se pretende eliminar la aplicación de la prisión preventiva de manera oficiosa en el país.
En esta ocasión, el ministro dio la razón al grueso de los ministros de la Corte, que el mes pasado sostuvieron que la SCJN no tenía la facultad para eliminar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución, pero en cambio propuso trasladar la palabra “oficiosa” al debate sobre la medida cautelar y no a la prisión preventiva en sí misma.
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Lo anterior quiere decir que, si se aprueban los cambios propuestos por el ministro Aguilar, los jueces no estarían obligados a dictar la prisión preventiva de manera automática en los casos en los que al imputado se le acuse de alguno de los 16 delitos contemplados en la Carta Magna, en cambio sí lo estará para analizar de manera todos los casos de manera individual para determinar si ameritan la medida cautelar.
“De esta manera, se debe entender a la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar no automática. El carácter oficioso de la medida cautelar únicamente significa que se trata de una modalidad en la que el juez penal debe abrir el debate para determinar si se justifica la imposición de la prisión preventiva, sin necesidad de que el Ministerio Público hubiera solicitado la medida cautelar”, explicó el proyecto.
Los delitos que a día de hoy se enumeran son abuso sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, huachicoleo y desaparición forzada, por mencionar algunos.
Esta es la segunda vez que el ministro presenta el proyecto ante el pleno del máximo tribunal del país, luego de que el 8 de septiembre pasado −tras dos días de discusión− consideró pertinente retirarlo para reelaborarlo con los argumentos que recibió de parte de sus compañeros.
“Una vez revisado detenidamente las versiones taquigráficas de estas sesiones, he encontrado algunos puntos en común que evidencian la posibilidad de llegar a un consenso mayoritario entre los integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que en aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática”, dijo en aquella ocasión.
Durante el primer debate para resolver la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019, presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y algunos senadores, el grueso de los ministros consideró que la medida es violatoria de las garantías individuales, pero al estimar que la SCJN está impedida para eliminar artículos de la Constitución decidieron no apoyar el proyecto propuesto, salvo por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucía Piña Hernández y Arturo Zaldívar, presidente de la Corte.
En este sentido, Aguilar Morales mantuvo en su nuevo proyecto que la prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos a la seguridad jurídica, a la libertad personal, a la libertad de tránsito, al debido proceso legal y a la presunción de inocencia, así como al principio de excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa.
El proyecto, apenas en consideración de los 10 ministros restantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima podría ser discutido el próximo mes, siendo uno de los últimos temas que el presidente Arturo Zaldívar esté al frente del pleno antes de terminar su mandato en enero.
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