Limita el INE la entrega de programas sociales

Una vez que arranque el proceso electoral el 8 de septiembre, quedarán prohibidos los programas sociales sin reglas de operación o padrón de beneficiarios, además los funcionarios de los tres niveles de gobierno no podrán implementar nuevos programas de apoyo social ni hacer actos masivos de dádivas en medio de campañas, esto según el proyecto de reglas de equidad de uso de recursos públicos que hoy discutirá el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

De acuerdo a la propuesta de proyecto, los poderes Ejecutivos de los tres niveles de gobierno tendrán que presentar a las autoridades electorales la lista de programas sociales que estarán operando durante el proceso electoral.

“La implementación de programas sociales que no sean informados a la autoridad electoral en los plazos señalados, se considerarán que tienen una finalidad electoral y, en consecuencia, su implementación será considerada como una falta a la normativa electoral”, dice el proyecto.

Otra de las prohibiciones es la entrega de tarjetas o cualquier instrumento durante el desarrollo del proceso electoral donde se ofrezca un beneficio personal directo o la incorporación a un programa social en un futuro mediato o inmediato, condicionado a un determinado resultado electoral,  en respuesta a las quejas a la Tarjeta Rosa que se repartió en el Estado de México durante la campaña anterior.

Lo que sí se permitirá es que las entregas de beneficios sociales continúen durante el periodo de campaña, salvo que las leyes locales así lo establezcan, pero con algunas restricciones, como la prohibición de actos multitudinarios para dicho efecto.

“Desde el inicio de las precampañas, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral”, añade el documento.

Finalmente, se establece que para los nuevos programas que se consideren en el presupuesto federal y los  locales de 2018, tendrán que reportarlo a las autoridades electorales para verificar que cumplan con los requerimientos de estas reglas.