La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar la constitucionalidad del acuerdo del Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional hasta el 27 de marzo de 2024.
A través de un comunicado, la diputada Rojas Hernández detalló que "existen razones fundadas para solicitar a la Corte que revise la constitucionalidad del acuerdo presidencial, debido a que este "se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de las Fuerza Armadas permanentes en tareas de seguridad pública dejando de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación".
La diputada expresó su preocupación por el acuerdo, ya que -dijo- este contradice el texto constitucional respecto a la complementariedad y la subordinación de las Fuerzas Armadas para que participen en tareas de seguridad pública con las autoridades civiles.
Ante la solicitud de controversia presentada por la panista Laura Rojas, bancadas de la oposición como el PAN, PRI y PRI en la Cámara baja han respaldado la acción.
Laura Rojas recordó que en mayo de 2019 el Congreso federales y las asambleas estatales avalaron la reforma constitucional para la creación unánime de la Guardia Nacional, como medida para resolver la crisis de inseguridad que priva en el país; sin embargo, destaca que el acuerdo para que las Fuerzas Armadas lleven a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, contraviene en lo acordado por los Congresos de la Federación, para fortalecer las policías locales y con la que se facultó al presidente de la República para disponer, temporalmente, de las Fuerzas Armadas.
Por ello, señala que, en ejercicio de sus facultades, como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, considera que es su deber es hacer respetar las decisiones legislativas del Congreso.
Finalmente, destaca que el propósito de la controversia "no es cuestionar la facultad del presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sino asegurar que éste cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución, y con esto, asegurar que sus acciones para otorgar seguridad a los mexicanos sean efectivas y estén sólidamente ancladas en la legalidad".
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