A tres años de iniciado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y luego de dos años consecutivos en el incremento de la violencia de género en la pandemia de Covid-19, la Cuatroté creará el registro nacional de las órdenes de protección otorgadas, decretadas, efectivas y que siguen una evaluación a mujeres que sufren algún tipo de violencia en México.
Al publicar en el Diario Oficial de la Federación el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2021-2024, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, anunció que creará Centros de Justicia para las Mujeres en zonas de alto índice de violencia de género, luego de que por austeridad el año pasado cerraros los albergues de refugio.
Para atender la violencia que enfrentan más de 19.1 millones de mujeres, 8.2 millones de ellas en situación de violencia severa y 4 millones en situación de violencia muy severa, se buscará en los próximos tres años homologar la Alerta Amber y el Protocolo Alba en todo el país con los estándares de mayor protección.
Con ello se busca crear una coordinación entre la Conavim, los gobiernos estatales, la procuradurías y fiscalías locales.
El documento detalla más de 103 acciones que se emprenderán en los siguientes años, entre ellas también, está el promover la homologación de protocolos de actuación de reacción inmediata, con perspectiva de género, para policías municipales, de alcaldías y de los estados.
Propone modificar los libros de texto gratuito para difundir acciones que permitan prevenir y erradicar los diferentes tipos de violencia, discriminación y estereotipos.
Prevé registrar las sanciones a servidores públicos que incumplan con normas y protocolos para prevenir y erradicar la discriminación y tortura sexual, además de impulsar la creación de una contraloría social de género para medir los avances de los acuerdos de las comisiones del Sistema Nacional.
A fin de ofrecer alternativas a quienes son víctimas de la violencia y una vez que se cuente con el registro nacional de mujeres víctimas que reciben protección del Estado, la administración lopezobradorista pretende incluir a todas ellas y sus familiares indirectos que también sean víctimas dentro de los programas sociales, especialmente las Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Sembrando Vida y Tandas para el Bienestar.
En el proceso de denuncia reconoce la necesidad de mejorar a capacitación del personal de salud, en torno a la NOM-046-SSA-2005, para que puedan atender los casos de violencia familiar, sexual, contra las mujeres y evaluar su impacto en la debida atención y denuncia de casos.
El programa plantea como sus cuatro objetivos a mitad de la administración federal “disminuir las violencias contra las mujeres, mediante la implementación de medidas preventivas de los factores de riesgo”.
Prevé promover servicios de atención integral especializada, con enfoque interseccional e intercultural para mujeres víctimas de la violencia; fomentar la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género para asegurar la sanción, reparación del daño y la no repetición, con las instancias competentes a nivel nacional, e impulsar acciones de coordinación que permitan institucionalizar en el Estado Mexicano la erradicación de la violencia contra las mujeres.
En el diagnóstico, el gobierno federal señala que la violencia que ejercen las parejas, esposos, novios, exnovios, exparejas o exesposos contra las mujeres a lo largo de su vida en México “es severa y muy severa” en 64 por ciento de los casos. Es decir, de los 19.1 millones de mujeres que sufren violencia, 8.2 millones se encuentran en situación de violencia severa y 4 millones en situación de violencia muy severa.
“La principal consecuencia de esta severidad es que las vidas de las mujeres estén en riesgo, aunado al deterioro de su calidad de vida, así como de sus hijas e hijos”.
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Estima que anualmente cada mujer perdió 30 días de trabajo remunerado y 28 días de trabajo no remunerado a causa de la violencia por parte de su pareja.
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