En un contexto de más de 107 mil personas desaparecidas en México, el presupuesto de 2025 perfila un recorte de 47 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, a la Comisión Nacional de Búsqueda se le asignarán mil 102 millones de pesos, lo que se traduce en un recorte de 47 millones debido a que en este 2024 tuvo una asignación de mil 149 millones de pesos.
Se trata del primer presupuesto que asignará el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum –si se aprueba el presupuesto en Cámara de Diputados– a la dependencia encargada de atender la crisis de personas desaparecidas en México.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta este 19 de noviembre hay 118 mil 452 personas con estatus de desaparición o de no localizadas.
De ellas, 107 mil 905 son personas que se presumen víctimas de desaparición por particulares o desaparición forzada.
La Comisión Nacional de Búsqueda, a cargo de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, no ha emitido pronunciamiento alguno sobre el recorte presupuestario que, se prevé, será aprobado en la Cámara de Diputados en diciembre próximo.
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El tema de las desapariciones tampoco figura en la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió la titularidad del Ejecutivo federal el 1 de octubre de 2024. Las personas desaparecidas y la atención a las familias de las víctimas no son parte de sus compromisos presidenciales, pese a la incidencia de estos ilícitos.
En un informe de seguimiento, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU -publicado en octubre de 2023- reconoció ciertos avances del Estado mexicano en el tema, pero cuestionó que la desaparición de personas no es una prioridad para el gobierno.
“La deficiente investigación de tales hechos tiene como consecuencia un número escaso de sentencias y con ello la continuidad de una impunidad casi absoluta”, advirtió el Comité en su informe.
Además, criticó la ineficacia para combatir las causas estructurales de la impunidad y la escasez de avances en la identificación de más de 53 mil cuerpos o restos humanos almacenados en servicios médicos forenses, morgues y fosas comunes.
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En medio de este contexto, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU exhortó al gobierno mexicano a incluir a las familias de personas desaparecidas en los trabajos de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como fortalecer las capacidades de la misma CNB y sus funcionarios.
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