El paquete de leyes secundarias de la Reforma Judicial, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, propone ajustes que limitan al Poder Judicial de la Federación el acceso a recursos; restringen las políticas en torno a la carrera de jueces, magistrados y ministros, y endurece la investigación y sanciones a faltas cometidos por éstos.
El borrador de las reformas, que se discute esta semana en el Senado, incluye la creación de un fondo único para la administración de la justicia, centralizando los recursos financieros y administrativos del Poder Judicial.
Este fondo único, llamado Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, elimina fideicomisos adicionales y concentrará los recursos bajo un esquema centralizado, administrado por el Órgano de Administración Judicial, que decidirá el destino de los recursos.
Según la reforma propuesta por el Gobierno federal, esta medida busca garantizar transparencia, aunque podría comprometer la autonomía financiera del Poder Judicial.
Los recursos para este fondo serán adicionales al presupuesto asignado al Poder Judicial de la Federación y se integrará con los ingresos obtenidos por la enajenación de bienes e inmuebles decomisados en procesos judiciales federales y por aportaciones o donaciones de terceros.
Se contempla que este fondo sea utilizado para la compra y remodelación de inmuebles del Poder Judicial; compra y arrendamiento de mobiliario y equipo, así como para capacitación y formación del personal.
Como parte de la Reforma Judicial se propone expedir dos leyes: la Ley de Carrera Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la reforma a la Ley General de Responsabilidad Administrativa.
La reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas establece la creación de Tribunales de Disciplina Judicial encargados de investigar y sancionar faltas graves de jueces y magistrados. Entre las sanciones posibles se incluyen inhabilitaciones prolongadas y multas significativas.
Al no tratarse de reformas constitucionales, la reforma de estas leyes secundarias requiere para su aprobación una mayoría simple
También se amplían las obligaciones patrimoniales de los jueces y magistrados, quienes deberán incluir en sus declaraciones no solo sus bienes, sino también los de sus parejas o convivientes.
La Ley Orgánica del Poder Judicial incluye medidas como la centralización de casos prioritarios, como violaciones a derechos humanos, que el nuevo Órgano de Administración Judicial podrá concentrar en tribunales específicos.
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Mientras que la reestructuración de la Carrera Judicial plantea concursos de oposición más estrictos, un registro único de servidores públicos que recopilará datos de los funcionarios, incluyendo vínculos familiares, para prevenir conflictos de interés y la capacitación obligatoria en perspectiva de género como requisito para ascensos y nombramientos.
El Senado discutirá estas reformas en los próximos días.
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