La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una declaratoria para expropiar 109 hectáreas de terrenos aledaños a la zona donde se construye el nuevo Aeropuerto Internacional Civil y Militar “General Felipe Ángeles”, en Santa Lucía, Estado de México.
Pero al menos en el municipio de Nextlalpan, ejidatarios entrevistados desconocen la existencia del documento de expropiación y señalan que no han sido notificados por la Sedena sobre la declaratoria de causa de utilidad pública publicada en el DOF.
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Juan Rivero indicó que, al igual que varios ejidatarios, continúa comercializando sus terrenos ubicados a un costado de la barda perimetral de la nueva terminal aérea.
“De esa barda no van a pasar esos canijos”, dijo señalando el muro perimetral que divide sus tierras de la base aérea.
Refirió que en toda la franja de tierras que corre paralela al muro, un grupo de empresarios japoneses comenzarán en próximos días la construcción de un corredor industrial, así como hoteles, ya que aseguró existe un acuerdo de compra-venta.
La declaratoria, firmada por el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, indica que la superficie a expropiar se conforma por terrenos de propiedad privada pertenecientes a los ejidos de Santiago Atocan, San Lucas Xoloc y Xaltocan, en los municipios de Nextlalpan, Zumpango y Tecámac.
Además incluye una franja de 427 mil 314 metros cuadrados, un polígono de 341 mil 387 metros cuadrados y una superficie adicional de 16 mil 41 metros cuadrados, todos ubicados en el municipio de Nextlalpan.
En total se trata de una superficie de 109 hectáreas, equivalentes a un millón 90 mil metros cuadrados.
“Los bienes inmuebles que se pretenden adquirir, tienen la naturaleza jurídica de propiedad privada y son los más apropiados e idóneos para la construcción y el funcionamiento integral del Aeropuerto Internacional Civil y Militar ‘General Felipe Ángeles’, toda vez que los mismos reúnen las características específicas que se requieren para este tipo de infraestructura”, indicó la dependencia al declarar “causa de utilidad pública” la construcción del complejo.
De acuerdo con la Sedena, la superficie a expropiar es necesaria para el funcionamiento integral del aeropuerto, ya que permitirá contar con un espacio de terreno para el amortiguamiento acústico, de seguridad, infraestructura aeroportuaria, servicios complementarios y de interconexión, así como para su futuro crecimiento y expansión.
Indica también que la idoneidad de los predios se sustenta en la necesidad de aprovechar e integrar en un mismo proyecto las instalaciones militares y la aviación civil.
Considera que se trata de “un asunto de seguridad nacional” ya que en el aeropuerto se localizarán las principales instalaciones logísticas de la Fuerza Aérea Mexicana y alojará a diversos organismos operativos y de servicio del Ejército, con funciones vitales de mando y control para la defensa aérea estratégica del país.
No es la primera vez que el Gobierno federal realiza expropiaciones de predios para la construcción de la que es una de las obras magnas de la cuatroté. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ya había expropiado 128 hectáreas de terrenos ejidales a comuneros de San Miguel Xaltocan, y al menos hasta mediados de 2020 no les había pagado.
El 27 de junio del año pasado, este medio informó que los habitantes del lugar instalaron un plantón en las inmediaciones de la obra para exigir que les pagaran por sus tierras.
Algunos comuneros entonces señalaron que contaban con una mesa directiva que llevaba el asunto, pero el presidente de la representación falleció y una persona de nombre Juan Paredes Sánchez se autonombró líder y fue quien negoció en su nombre a base de engaños.
Ahora, tras la nueva declaratoria de expropiación publicada ayer, habitantes de Nextlalpan vuelven a desconocerla.
Nicanor, ejidatario de la comunidad de San Lucas Xoloc, dijo vía telefónica ignorar la publicación. Señaló que los terrenos que la Sedena ocupaba para el aeropuerto civil ya habían sido vendidos por el ejido de San Lucas.
“En caso de que salga un nuevo decreto, perjudicaría a las pequeñas parcelas privadas, a quienes no hayan acordado el precio que deseaban”, explicó.
Por su parte, Juan Rivero sigue vendiendo los terrenos aledaños al aeropuerto. “Yo les consigo terrenos, todavía hay de 200 metros cuadrados, se los pongo desde 300 a 400 mil pesos, con papeles para que no los engañen”.
La Sedena dio un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la segunda publicación de la declaratoria en el DOF, para que los propietarios de los predios manifiesten lo que a su derecho convenga ante la Dirección General de Ingenieros en su calidad de responsable inmobiliario de la dependencia.
Con información de Fernando Solís / El Sol de Toluca
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