Mandos militares y navales encabezan las secretarías de seguridad de 15 estados del país, de acuerdo con una revisión de perfiles hecha por El Sol de México.
Tan sólo en el último año, 11 gobernadores relevaron a sus titulares de Seguridad Pública estatal, en seis casos nombraron a militares o marinos y sólo en cinco a civiles.
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El caso más reciente es el de Michoacán, en donde el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destituyó al general José Alfredo Ortega luego de una protesta de elementos de la Guardia Civil quienes exigían mejoras en sus condiciones laborales.
El mandatario cedió el puesto a Juan Carlos Oseguera Cortés, quien era subsecretrio de Gobierno y su trayectoria política incluye una jefatura de departamento en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), asesor en el gabinete y en la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario durante el gobierno de Silvano Aureoles.
Días antes, Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, recibió la renuncia de su jefe de seguridad estatal, Andrés Andrade —un civil— y le dio el cargo al militar Cristóbal Castañeda.
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En septiembre de 2023 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó un estudio sobre seguridad estatal en el que se advertía que, para ese momento, 14 entidades del país mantenían como mandos de seguridad a elementos provenientes de las Fuerzas Armadas.
David Saucedo, especialista en seguridad pública, advierte que, mientras toda la opinión pública se enfocaba en la militarización a nivel federal, “en los estados se daba una militarización silenciosa”.
Si bien algunas entidades como Michoacán o San Luis Potosí optaron por cambiar de mandos militares a civiles; otras como el Estado de México o Tabasco hicieron lo contrario: cedieron el control de la seguridad pública a generales del Ejército.
“Su trayectoria en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desde 1993, respalda su capacidad para asumir responsabilidades de alto nivel en materia de seguridad”, publicó en sus redes sociales la gobernadora Delfina Gómez sobre su nuevo titular de seguridad.
En 2023, 14 entidades del país mantenían como mandos de seguridad elementos provenientes de las Fuerzas Armadas
El mismo Castañeda fungió como secretario de Seguridad en Sinaloa, donde enfrentó los llamados Culiacanazos, los operativos —uno fallido y uno exitoso—para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán.
En los casos de Guerrero, Sinaloa,Tlaxcala y Quintana Roo, sus gobiernos decidieron hacer un cambio en el mando de seguridad, aunque optaron por seguir con militares en el cargo.
De acuerdo con Saucedo, en la mayoría de estados gobernados por Morena los titulares del Poder Ejecutivo nombraron a mandos militares para que ocuparan la secretarías de Seguridad Pública con el fin de establecer una conexión directa con la Guardia Nacional.“Lo que tenemos es una estrategia federal que se convirtió también en una estrategia estatal. Lo que buscaron evidentemente fue establecer una conexión entre los representantes de la Guardia Nacional”, advierte el especialista en seguridad.
Respecto a los resultados de mandos militares al frente de la seguridad estatal, David Saucedo apunta que quedan a deber.
“No han demostrado tener mayor capacidad que los civiles en el combate al crimen organizado o a la inseguridad”, dijo.
La opacidad en torno a los cambios en las secretarías de seguridad prevalece en la mayoría de gobiernos. El recuento realizado por este diario muestra que sólo en tres de los 11 cambios del último año, se explicó la situación.
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“Es un proceso del general, yo creo que ya así lo decidió y creo que es algo que también va a refrescar la secretaría”, dijo el gobernador de San Potosí, Ricardo Gallardo, tras la renuncia a la SSP del general en retiro Guzmar Ángel González Castillo, en mayo pasado.
David Saucedo señala que los nombramientos de secretarios de Seguridad no requieren la aprobación del Poder Legislativo de los estados, “es una designación de manera vertical que realizan los gobernadores”.
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