El jueves, la Cámara de Diputados aprobó casi por unanimidad una reforma a la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual permitirá al Ministerio Público recibir denuncias anónimas por parte de la ciudadanía.
De acuerdo con el diputado de Morena, Roberto Hernández Tapia, esta reforma a la Ley Orgánica de FGR busca incrementar los niveles de denuncias de la ciudadanía, ya que de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil como Impunidad Cero, apenas el seis por ciento de las personas víctimas de algún crimen así lo hace.
Puedes leer también: Detienen en flagrancia a exfuncionaria que robó 1.6 mdp de Finanzas de Durango
Bajo este argumento, y sin mediar debate sobre los alcances que esta modificación puede tener, fue aprobada por 469 votos a favor y dos abstenciones, e incluso, aunque el diputado promovente pertenece al grupo parlamentario de Morena, en un acto de armonía con la iniciativa, fue Guillermo Huerta Ling, del PAN, quien la presentó ante la Cámara.
¿En qué consiste la reforma a Ley de la FGR?
En su exposición en tribuna, el diputado de Morena Roberto Hernández Tapia señaló que menos del uno por ciento de los delitos cometidos en el país se resuelven, en gran medida por la falta de denuncias presentadas ante la autoridad competente, la cual no cuenta con la confianza suficiente de la población.
Lo anterior no sólo porque el Ministerio Público apenas resuelve 14 de cada 100 delitos denunciados, sino porque derivado de la corrupción de éste, los agresores logren saber quién los denunció y atenten contra la integridad de las víctimas.
“Resulta preocupante la deficiencia existente en torno a la protección de los denunciantes en procedimientos de investigación, lo que pone en peligro la colaboración de los ciudadanos. Al hacer una denuncia o querella con los documentos de identidad que exige la Ley, a fin de respaldar el procedimiento, se teme recibir intimidación y represalias en su contra, a tal grado de afectar la vida diaria del individuo”, lamentó el diputado.
Por ello, Hernández Tapia propuso la modificación al Artículo 40 de la Ley de la Fiscalía General de la República, concretamente en su fracción tercera, la cual ahora permite que el Ministerio Público Federal pueda recibir denuncias de manera anónima con el argumento de resguardar la integridad de las personas denunciantes.
De esta manera, a dicha fracción que establece que la autoridad competente podrá “recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito”, se añade una línea “para que las denuncias anónimas sean investigadas y tengan la misma validez para las autoridades investigadoras y se salvaguarde la secrecía de las víctimas y con ello su integridad”.
“Como podrán observar, esta reforma consta de una pequeña frase que con su apoyo contribuirá favorablemente para lograr la participación ciudadana y ayudar a las víctimas del delito”, aseguró el legislador morenista.
Esta modificación, además se homologa con lo ya contemplado en el Artículo 131, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que apunta que el Ministerio Público tendrá la facultad de “recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito”.
➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo
Aunque la reforma se sustenta en la falta de confianza que tienen las víctimas hacia la autoridad, el diputado Hernández Tapia omitió señalar que, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 del Inegi apenas el 14 por ciento de las personas que no denuncia es por la falta de certeza en la honestidad del Ministerio Público.
En cambio, la pérdida de tiempo, con el 33.5 por ciento, es el principal motivo por el que las personas deciden no hacerlo, ya que en muchas ocasiones es un proceso que puede tardar más de cuatro horas, según el Inegi, que sumado a los trámites largos −razón por la que el ocho por ciento de las víctimas no denuncia− y la hostilidad de los agentes −que aleja a otro 3.8 por ciento de los denunciantes− causan una amplia cifra negra.
