Dos de cada cinco internos en prisiones mexicanas hansido víctimas de actos de corrupción en algún punto desde suarresto hasta su encarcelamiento, revelan cifras del InstitutoNacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
El órgano autónomo presentó ayerlos resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de laLibertad (ENPOL) 2016, aplicada a 64 mil 150 personas recluidas en338 centros penitenciarios de los ámbitos federal, estatal ymunicipal. La encuesta –primera en su tipo que levanta elInegi– es representativa para 211 mil internos en todo elterritorio nacional durante el año 2016.
Las estadísticas revelan que la corrupción es unmal que permea en el sistema penitenciario mexicano así como enlos de procuración e impartición de justicia. De acuerdo con losdatos, esta práctica se presenta sobre todo al momento de ladetención, pues 27 de cada 100 encuestados fueron víctimas dealgún acto de corrupción cuando fueron arrestados.
Asimismo, de cada 100 internos, 15denunciaron prácticas corruptas cuando fueron presentados ante elMinisterio Público, seis durante su proceso judicial y once unavez que pisaron la cárcel.
El Estado de México y la capitaldel país son las entidades con el mayor porcentaje de personasprivadas de la libertad que fueron víctimas de actos decorrupción con 57.9% y 56%, respectivamente.
Pagan hasta para ir albaño
En la cárcel todo cuesta. De acuerdo con lasestadísticas, durante 2016 casi 23 mil de los 211 mil internostuvieron que dar un pago ilegal en dinero, bienes, regalos ofavores a cambio de recibir algún permiso o beneficioparticular.
El 66.4% de las personas que recurrieron a estapráctica lo hizo para exentar el pase de lista, 50.2%, para teneraparatos eléctricos y 42.4%, para cambiarse de celda.
Hay quienes también pagan ilegalmente para obtenercosas tan elementales como agua potable (35.1%), serviciosmédicos, psicológicos o escolares (28.9%), comida (28.7%), unacama y cobijas para dormir (26.4%) e incluso para utilizar el baño(22.8%). Un 17% también lo hizo para recibir protección.
El 87.4% de las víctimas reportó pagar a loscustodios y 36.1% también a otros internos.
La corrupción es mayor en las prisionesadministradas por los gobiernos locales: mientras que dos de cadacien personas recluidas en un centro federal reportó dar un pagoilegal a cambio de un beneficio, lo mismo hicieron 12 de cada 100personas privadas de su libertad en cárceles estatales y
municipales.
Otros maltratos
La ENPOL 2016 identifica cuatro etapas por las que uninterno pasa desde su arresto hasta su encarcelamiento, y en cadauna los datos son alarmantes.
En primer lugar está el arresto. Enesta fase, las estadísticas revelan que dos de cada cinco internosfueron aprehendidos sin orden de detención ya sea en la calle o enotro sitio. Además, un 75.6% sufrió algún tipo de violenciapsicológica por parte de la autoridad y un 63.8% fue víctima deagresiones físicas que fueron desde patadas o puñetazos hastalesiones con armas de fuego y violaciones sexuales.
En una segunda etapa, el detenido es presentado anteel Ministerio Público. Sobre este punto, las cifras muestran quesolo siete de cada diez personas fueron informadas sobre el motivopor el cual las acusaban y apenas una de cada cinco pudo ejercer suderecho de contactarse con un abogado.
Durante la tercera fase, el proceso judicial, destacaque 43.4% de la población privada de la libertad que se encontrabaen proceso de ser sentenciada, había permanecido recluida durantemás de dos años.
Finalmente, en lo que se refiere a la cuarta etapa,la reclusión, la encuesta revela que 45.6% de los internoscompartió su celda con más de cinco personas y 33.2% fue víctimade algún delito estando en prisión.
La mayoría de las personas privadas de la libertaden los centros penitenciarios durante 2016 son jóvenes (68% tieneentre 18 y 39 años) y 76% terminó a lo más la secundaria.Asimismo, una cuarta parte ya había sido juzgada penalmente porotro crimen.
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