Gobernadores, empresarios y narcotraficantes mexicanos pagaron a una empresa española para eliminar información negativa en los medios digitales y redes sociales, una lista que incluye a más de 150 clientes de México, donde destacan Javier Duarte, Pedro Miguel Haces Barba y Miguel Ángel Colorado Cessa, entre otros.
Nuevas revelaciones del conglomerado internacional de periodistas Forbidden Stories, mostraron que varios ciudadanos de todo el mundo contrataron los servicios de la firma española encargada de generar noticias falsas, webs clonadas y bots para engañar a google, publicó el diario español El País, miembro activo del colectivo.
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Al menos 400 clientes en América Latina hicieron uso de la empresa denominada Eliminalia, una lista que encabeza México con 159 contratos, que buscaban eliminar la mala reputación en Internet de centenares de personas de 54 países acusadas de corrupción, blanqueo, abusos sexuales y narcotráfico.
El caso destacado en México es el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que según la investigación de El País, pagó 32 mil dólares a Eliminalia para borrar información negativa de la red publicada en 2020 en portales como sinembargo.mx, publimetro.com o vanguardia.com.mx.
Eliminalia cobró el trabajo a la firma Operación y Conservación de Carreteras, que le pertenecía al empresario Jaime Antonio Porres Fernández Cavadas, acusado de hacer negocios con Duarte durante su mandato en el estado de Veracruz.
El País cita titulares atacados por la firma española como “Exhiben hotel y edificios de departamentos de Duarte en España” o “Duarte vendió casa en Estados Unidos a su tío por 10 dólares, según documentos”.
Para cumplir su propósito, la empresa española recurre principalmente a distintas tácticas de desinformación, por ejemplo la creación de personas físicas y morales que denunciaban la violación de derechos de autor de la información que deseaban afectar.
También trabajaban en ocultar cierto contenido engañando los algoritmos de google para posicionar información positiva de sus clientes en webs falsas.
Eliminalia asegura que sus servicios eliminan “información no deseada y errónea para los clientes con derecho al olvido”. Según la investigación de Forbidden Stories, la empresa trabajó para estafadores, compañías de spyware, torturadores, delincuentes convictos, políticos corruptos y otros clientes de interés público.
El antiguo dirigente del PRI, Pedro Miguel Haces Barba, fue otro de los clientes que solicitó los servicios de Eliminalia y pagó 110 mil (los documentos no especifican la divisa, pero la mayoría operaron en dólares) para que desaparecieran de internet cerca de 300 enlaces de noticias publicadas entre 2019 y 2020.
La información que deseaba “borrar” de la web incluía acusaciones de misoginia por una declaración que pedía que “las mujeres debían de ser menos provocativas con su vestimenta”, o las notas con el encabezado “Senador Pedro Haces: fichado por robo y portación de armas”, además de buscar y desindexar información que lo vinculara con Javier Duarte.
Otro cliente fue el excandidato del PAN en las elecciones de Veracruz de 2009, Miguel Ángel Colorado Cessa, quien pagó en 2018 nueve mil dólares a Eliminalia para borrar más de 30 enlaces de noticias que lo vinculaban con el crimen organizado. El exfuncionario fue señalado por ser presunto blanqueador de los Zetas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Varios medios de comunicación, periodistas, blogueros y redactores de todo el mundo fueron atacados bajo amenazas de demanda para que eliminaran, modificaran u ocultaran su información entre 2015 y 2021 por Eliminalia y sus decenas de empresas fantasmas.
Forbidden Stories cita en su investigación el caso del periodista mexicano Daniel Sánchez, del medio independiente Página 66, que en 2018 publicó un artículo sobre irregularidades de la empresa de videovigilancia Interconecta, contratada por el gobierno de Campeche.
Durante su exploración descubrió que Interconecta era una empresa subsidiaria de la española Grupo Altavista, misma que arrastraba casos de corrupción y fraude fiscal, según datos de los registros de una auditoría.
Tras la publicación del artículo, Sanchéz recibió llamadas y mensajes de abogados exigiendo que retirara de internet su investigación, ya que violaba los derechos de autor. Dos años más tarde recibió un correo del "Departamento de Cumplimiento de la Unión Europea” quien le acusaba de violar una ley de datos llamada “GDPR”, por lo que le exigió eliminar todas las referencias a Grupo Altavista y su fundador. Sánchez hizo caso omiso.
Sin embargo, un mes más tarde se volvieron a poner en contacto para presentarle un reclamo de Digital Ocean, el proveedor estadounidense de servidores virtuales privados, a donde estaba adscrito Página 66, alegando que el periodista copió ilegalmente el artículo y envió el enlace de un medio falso con la misma investigación pero con fecha previa y una firma de un periodista inexistente. Sánchez decidió retirar su información ante el temor de perder a sus lectores.
Gracias a la investigación de Forbidden Stories, el periodista mexicano pudo darse cuenta que Grupo Altavista contrató los servicios de Eliminalia, para borrar la mala imagen de la empresa española y su fundador.
Otro mexicano asociado a Eliminalia es Joaquín Leal, quien junto a otros socios fundó Suministros Sustentables de Energía en México, la primera empresa privada autorizada para revender electricidad en México. Leal pagó en marzo de 2020 380 dólares a la firma española para mejorar su imagen, luego de que fuera vinculado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como cómplice de Alex Saab, testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, en una red de intercambio de petróleo con Caracas.
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Finalmente, otra empresa destacada que pagó los servicios de Eliminalia, fue la mexicana Seguritech, a la que le cobraron nueve mil 900 dólares por eliminar información critica de sus servicios luego de una publicación de la revista Proceso, quien la señaló de entregar servicios deficientes por una suma millonaria luego de firmar un contrato con el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, por 125 millones de dólares para proveer más de 500 mil alarmas vecinales, un negocio que rebasaron el precio del mercado, según Proceso.
