En México, la creación e implementación de protocolos para la atención de casos de violencia de género, acoso y hostigamiento en instituciones de educación superior aún son pocos e incipientes, así como el planteamiento de sus limitaciones y alcances.
La UNAM desde el 2016 tiene el Protocolo para la Atención de casos de Violencia de Género, el cual ha recibido 485 denuncias por violencia sexual, psicológica, física y acoso e investigado al 80.2% de los agresores: profesores, académico y personal administrativo.
“La UNAM tiene uno de reciente creación que ha sido percibido por académicos y personal administrativo como de persecución y por las probables víctimas como simulación”, señaló la doctora Perla Gómez Gallardo, expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) y académica de la UAM-Cuajimalpa, en entrevista para El Sol de México.
Resaltó que para crear e implementar protocolos es necesaria una discusión previa en foros con toda la comunidad universitaria “para precisar lo que se entiende por cada conducta y los alcances y limitaciones del propio protocolo. La UAM Cuajimalpa es la primera, de las cinco unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, que género ya un protocolo. Y las demás están iniciando este proceso”.
Otras instituciones también lo empiezan a visualizar como una imperiosa necesidad como en el caso del Colegio de México (Colmex), donde en el pasado jueves, alumnas pegaron hojas por todo el plantel con denuncias de acoso sexual por parte de estudiantes, profesores y trabajadores administrativos, que fueron compartidas en redes sociales con la consigna #AquíTambiénPasa. A nivel institucional, el Colmex anunció en un comunicado las acciones que se llevarán a cabo para atender los casos de acoso sexual.
Gómez Gallardo subraya que “las demás instituciones apenas empiezan a ver a su interior, pero no es hasta que hay protestas de la comunidad como en el último caso del Colmex que se hacen medidas correctivas y no preventivas”.
El pasado mes de abril, luego de que una alumna de la Facultad de Ciencias Política de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) denunció acoso sexual en los baños de la institución, se elaboró un reglamento, más no un protocolo y guía de seguimiento de atención a estos casos.
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) cuenta con una Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) aplica el Protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y en el resto se le da seguimiento a través de instancias universitarias administrativas.
En la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y en la Universidad Autónoma de Chapingo carecen de protocolos para erradicar la violencia de género y violencia sexual. Las denuncias por parte de las alumnas se quedan solo nivel administrativo y sin seguimiento. Sin embargo, han existido iniciativas para implementar guías que apoyen a la erradicación de la violencia sexual al interior de estas instituciones, mismas que no han contado con apoyo interés ni el apoyo institucional, de acuerdo con testimonios de alumnas que llegaron a este diario.
La extitular de la CDHCDMX, la doctora Perla Gómez Gallardo, dijo que los protocolos son necesarios para contar con una guía y pasos a seguir para atender los casos de violencia, “partiendo del respeto a la autonomía universitaria y sus valores”, asimismo también atender cualquier “tipo de discriminación hacia la comunidad LGBTTTI, indígenas o personas con alguna discapacidad”.
5 pasos a seguir para implementar protocolos de género
La académica del Departamento de Estudios Institucionales de la UAM Cuajimalpa recomienda primero reconocer que “en todas partes puede haber situaciones que afectan a las mujeres y a grupos en condiciones de vulnerabilidad. No hay que evadir el que esto puede presentarse en las instituciones de educación superior”.
Lo segundo es identificar “actos que son delitos y que deben denunciarse ante las autoridades penales como la violación o lesiones”. Tercero: generar los espacios de intercambio “en donde la comunidad se exprese y los expertos expliquen en qué consisten las conductas que queremos erradicar en la comunidad”.
El cuarto es crear los protocolos de atención “que eviten revictimizar a quienes denuncien y al mismo tiempo no sean usados de manera indebida en casos que no procedan”. Y quinto, antes de implementar los procedimientos, debe haber una amplia campaña de concientización sobre lo qué se entiende por conductas inadecuadas. Es diferenciar los casos graves que ya cuentan con otras instancias que deben reforzar la visión de género y hacer un ejercicio incluyente porque muchas prácticas se pueden erradicar identificándolas y cambiando conductas”, concluyó
