WASHINGTON. El Departamento de Seguridad Nacional de EU alertó por “posible actividad extremista” tras la decisión adoptada por el Tribunal Supremo para revocar el derecho constitucional para la suspensión del embarazo.
Los objetivos abarcan un amplio espectro, según el memorándum, desde sedes del Gobierno federal y estatales, juzgados, hasta organizaciones tanto a favor como contrarias al aborto.
“La libertad de expresión y el derecho a protestar pacíficamente de los estadounidenses son derechos constitucionales fundamentales. Esos derechos no se extienden a la violencia y otras actividades ilegales”, declaró un portavoz de Seguridad Nacional en un comunicado.
“El DHS continuará trabajando con nuestros aliados en todos los niveles del gobierno para compartir información y apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley para mantener seguras a nuestras comunidades”, ha añadido.
El DHS publicó previamente un boletín del Sistema Nacional de Asesoramiento contra el Terrorismo que advertía sobre la posible violencia en torno al fallo de la Corte Suprema sobre el derecho al aborto.
Durante las protestas del viernes la Policía usó gases lacrimógenos contra los manifestantes frente al edificio del Senado de Arizona, después de que se rompiera parte de una puerta, dijo el Departamento de Seguridad Pública del estado.
Los partidarios del derecho al aborto se movilizaron ayer por todo Estados Unidos por segundo día consecutivo contra el fallo de la Corte, mientras los estados conservadores prosiguen a prohibir las interrupciones voluntarias de embarazos.
El país está viviendo una nueva polarización, entre los estados que ya están negando, o se preparan a hacerlo, el derecho al aborto, vigente desde hace 50 años, y los que lo mantienen.
Tras protestas que se prolongaron hasta altas horas de la noche del viernes, varios cientos de personas volvieron a las calles el sábado, en particular en Washington, frente a la cercada sede la Corte Suprema de Justicia.
Las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Tina Smith pidieron al presidente que declare una emergencia de salud pública para proteger el acceso al aborto.
“Instamos al presidente a declarar una emergencia de salud pública para proteger el acceso al aborto para todas las estadounidenses, a que desbloquee recursos y de autoridad para que los estados y el gobierno federal puedan satisfacer el aumento en la demanda de servicios de salud reproductiva”, acotaron.
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Hasta ahora nueve estados de los 50 que componen el país prohibieron la interrupción del embarazo el mismo viernes nada más conocerse la decisión del Tribunal Supremo, mientras que otros 14 estados podrían hacerlo a corto plazo.
Warren y Smith, recalcan en un artículo de opinión para el New York Times que “casi dos tercios de los estadounidenses creen que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos”.
